La orden que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes con estatus migratorio no definido.

El representante por acumulación por el PPD, Ramón Torres Cruz reclamó el domingo al gobierno de Puerto Rico, unirse al pleito iniciado por 24 estados y jurisdicciones de los Estados Unidos, en contra de la Orden Ejecutiva emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes con estatus migratorio no definido.

“En el día de hoy le hago un llamado respetuoso pero urgente al Gobierno de Puerto Rico para que se una al pleito federal liderado por varios estados que rechazan esta medida y sus serias implicaciones sobre los derechos humanos. Es momento de unirnos en un reclamo firme y sonoro en contra de esta política pública que se está implantando de forma atropellada y discriminatoria.”, sostuvo Torres Cruz en declaraciones escritas.

“Esta acción ejecutiva representa un ataque directo a un principio fundamental que está consagrado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece claramente que toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y que esté sujeta a su jurisdicción, es ciudadano de los Estados Unidos. Esta enmienda ha sido un pilar del principio de igualdad y la inclusión en la sociedad americana. Así debe continuar.”, añadió.

“En Puerto Rico, las repercusiones de esta orden pueden tener un impacto significativo en las comunidades inmigrantes, especialmente en los hermanos dominicanos que son parte de la familia puertorriqueña. La ciudadanía estadounidense es un derecho esencial para todos los nacidos en suelo americano, y cualquier intento de limitar este derecho representa un abandono directo a los valores democráticos que compartimos.”

Torres sostuvo que el pleito presentado inicialmente por 18 estados – a los cuales se han unido otros seis – no es solo una defensa de la Constitución, sino también una lucha por la justicia y la dignidad de las comunidades más vulnerables.

“El gobierno de Puerto Rico, debe alzar su voz en solidaridad con los afectados y las organizaciones que están liderando este esfuerzo. Solicito a la gobernadora de Puerto Rico y a la Secretaria de Justicia que tomen acción inmediata para unirnos en este importante litigio.”, sostuvo finalmente el legislador popular.