La administradora de la Administración de Servicios Generales; Karla Mercado Rivera, aseguró que actuó con transparencia durante el proceso de auditoría.

La administradora de la Administración de Servicios Generales (ASG), Karla G. Mercado Rivera, respondió al informe OC-25-71 de la Oficina del Contralor defendiendo la legalidad y pertinencia de las transacciones públicas señaladas. Aunque el informe arrojó una opinión cualificada favorable sobre la mayoría de los procedimientos evaluados, la funcionaria rechazó lo que describió como interpretaciones erradas sobre tres compras específicas.

Según Mercado Rivera, uno de los señalamientos parte de una presunción incorrecta sobre una compra que originalmente fue una subasta informal y que se transformó en una compra excepcional. Alegó que la decisión se tomó para evitar la pérdida de fondos federales y en cumplimiento con el Reglamento 9230 y la Ley 73-2019. Añadió, además, que la ASG no fue notificada a tiempo sobre condiciones contractuales impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional, lo que forzó a acelerar el proceso.

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En cuanto al segundo señalamiento sobre una alegada dilación en una solicitud de decomiso, la administradora sostuvo que el trámite fue aprobado el mismo día en que se presentó, tras un proceso técnico que incluyó inspecciones regionales y pruebas ambientales. Afirmó que dicho proceso permitió un ahorro significativo y que el criterio del Contralor no consideró la realidad operativa del gobierno.

Sobre la contratación de empleados temporeros sin contrato formal, Mercado Rivera explicó que se ampararon en disposiciones reglamentarias que permiten este tipo de adquisiciones por necesidad inaplazable, siempre que haya una orden de compra válida. Indicó que, desde 2023, este tipo de contratación se canaliza mediante contratos como parte de una mejora administrativa.

Respecto a una compra de uniformes también señalada en el informe, la administradora insistió en que la documentación evidencia que se siguieron los pasos requeridos y que los auditores aplicaron criterios que no están contemplados en la legislación vigente.

Mercado Rivera argumentó que los señalamientos surgen de diferencias de criterio y no de incumplimientos legales, y aseguró que la ASG actuó con transparencia durante el proceso de auditoría. Reconoció la utilidad de las auditorías, pero insistió en que los procesos deben evaluarse conforme a los marcos reglamentarios vigentes y no mediante interpretaciones que sustituyan el juicio profesional de las agencias.