Entre los cambios más destacados está la transferencia de la responsabilidad de las inspecciones al Estado, que tendrá 90 días para completarlas. Si no se cumplen, el comerciante no pagará por el servicio.

La gobernadora Jenniffer González Colón anunció el lunes un paquete de reformas al sistema de permisos que busca facilitar la apertura y expansión de negocios en Puerto Rico. Las medidas, que comenzarán el 1 de julio, pretenden eliminar burocracia y modernizar los trámites.

“Puerto Rico necesita un sistema de permisos que esté a la altura del talento y la iniciativa de nuestra gente. Estas reformas responden a ese llamado y aseguran que el gobierno escuche, simplifique y cumpla”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

Entre los cambios más destacados está la transferencia de la responsabilidad de las inspecciones al Estado, que tendrá 90 días para completarlas. Si no se cumplen, el comerciante no pagará por el servicio. Además, se automatizarán notificaciones de vencimiento y se asignará un número único de trámite para centralizar el expediente digital.

El secretario del DDEC, Sebastián Negrón Reichard, explicó que esta reforma “no es solo hacer más eficiente lo que existe, sino rediseñar lo que ha fallado. Ahora le toca al gobierno actuar con la misma agilidad que siempre se le ha exigido al ciudadano”.

Por su parte, el secretario auxiliar de OGPe, Norberto Almodóvar, recalcó que las nuevas medidas “responden a los puntos de fricción reales señalados por los comerciantes”. La agencia también integrará inteligencia artificial para validar documentos y reforzará la legitimidad de los procesos con la verificación de credenciales.

El anuncio incluyó la creación de un acuerdo colaborativo con el Departamento de Salud para que la OGPe se haga cargo de inspecciones de bajo riesgo, permitiendo a Salud concentrarse en casos prioritarios. Hasta el 1 de julio, se ofrecerá orientación intensiva para garantizar una transición fluida.

Las medidas incluyen la eliminación del requisito de inspección para oficinas domiciliarias sin riesgo y la actualización del Reglamento de Regulación Profesional, vigente desde 2014.

Los resultados de la encuesta de experiencia de usuario, realizada con 880 comerciantes, están disponibles para consulta pública.

La gobernadora concluyó que “estas acciones envían un mensaje claro de que en Puerto Rico se puede crecer, invertir y hacer negocios con confianza y certeza”.

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