Gobernadora firma cuatro leyes nuevas
Sobre violencia doméstica y planes médicos, entre otros temas.
La gobernadora, Jenniffer González Colón, firmó cuatro nuevas leyes, sobre violencia doméstica, la reintegración de confinados al mundo laboral, la continuidad de planes médicos y el refuerzo de labores de fiscalización en la Oficina de Sustancias Controladas.
La Ley 21-2025 (Proyecto del Senado 432/Medida de Administración 17) ordena que los jueces en Puerto Rico reciban, dos veces al año, adiestramientos sobre violencia doméstica. Estos talleres, que incluirán cambios en políticas y procedimientos bajo la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”, serán impartidos por la Procuraduría de las Mujeres.
Por su parte, la Ley 22-2025 (Proyecto de la Cámara 6), de la autoría del presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez y del representante Luis “Junior” Pérez Ortiz, restituye al Departamento de Corrección y Rehabilitación la facultad de expedir el “Certificado de Rehabilitación y Capacitación para Trabajar”, eliminado tras la derogación de la Ley 37-2004. Esta legislación también permitirá el empleo de exconfinados en municipios, salvo en los casos excepcionales dispuestos por ley. Además, se establece una Oficina de Colocación de Empleos dentro del Departamento para asistir a confinados y exconfinados en su integración al ámbito laboral.
En el área de la salud, la Ley 23-2025 (Proyecto de la Cámara 43) permitirá la renovación indefinida de ciertos planes médicos individuales amparados en la política de transición del Departamento de Salud federal de 2013. La medida, propuesta por Méndez y el representante Jorge Navarro, busca garantizar el acceso a servicios de salud a ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, sin que el costo elevado sea una barrera.
Finalmente, la Ley 24-2025 (Proyecto de la Cámara 231) enmienda la Ley de Armas de Puerto Rico para incluir a los Inspectores de la Oficina de Sustancias Controladas como agentes del orden público. Esta división del Departamento de Salud regula la fabricación, distribución y fiscalización de sustancias controladas en la isla. Con esta medida, se refuerza la autoridad de los inspectores en el ejercicio de sus funciones.