Los trabajos consistían en diseñar planos, tramitar permisos y realizar los estudios requeridos para revitalizar el Túnel de Guajataca.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del municipio de Isabela. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.

El Informe revela que se pagaron $376,310 por diseñar planos, tramitar permisos y realizar los estudios requeridos para revitalizar el Túnel de Guajataca. El contrato con vigencia desde el 2014, se enmendó cuatro veces para extenderlo hasta el 2019. Al 30 de junio de 2023, el proyecto no se había construido, por lo cual la inversión no ha tenido utilidad.

La auditoría de siete hallazgos señala que, se realizaron 25 donativos por $53,987 del Fondo Dotal del Deporte, sin la aprobación de la Legislatura Municipal del 2022 al 2023. Además, el Municipio no ha transferido el balance disponible de $6,782 producto de la venta de un auto SUV de alto rendimiento de 2018, que por Resolución se destinaría a este fondo.

En la auditoría se encontró que, al 20 de diciembre de 2023, el Municipio no había facturado ni requerido a la compañía $10,466 correspondientes al 20% establecido en el contrato. A raíz de la investigación de los auditores de la Contraloría de Puerto Rico, el Municipio facturó y recibió de la compañía administradora del vertedero municipal, los indicados fondos. Esto tuvo el efecto de no recibir $10,466 a tiempo, para atender las necesidades de sus constituyentes.

El Informe devela que los contadores de la Oficina de Finanzas y Presupuesto del Municipio no obligaron los créditos presupuestarios para el pago del 90% de los contratos y el 33% de las enmiendas examinadas, por $853,379. El Municipio debe asegurarse que se obliguen las asignaciones presupuestarias, al momento de otorgar un contrato para que haya balance disponible para cubrir los desembolsos. Las obligaciones se registraron de 13 a 195 días después.

Desde el 1 enero de 2019 hasta el 31 de marzo de 2023, Isabela había formalizado 2,801 contratos y enmiendas por $62.5 millones. Esta situación pudiera causar sobregiros y litigios innecesarios para el Municipio.

Los auditores detectaron que un acuerdo colaborativo que se otorgó el 2 de agosto de 2021, no se registró en la OCPR a los 15 días de otorgarse, sino 896 días después. Además, copias de cuatro enmiendas otorgadas en el 2021, se registraron con tardanzas de hasta 50 días. Estas situaciones, impidieron que estos documentos públicos estuvieran accesibles a la ciudadanía según dispone la reglamentación vigente.

En contravención del Código Municipal de 2020 y la Ley de Municipios de 1991, la Legislatura Municipal autorizó que el Centro Isabelino de Medicina Avanzada (CIMA-EM), no devolviera el capital inicial para su funcionamiento que ascendió a $1.9 millones en efectivo y $480,750 en propiedad.

Además, el municipio sin facultad legal, designó 11 empleados en destaque para que realizaran las funciones de su puesto en el CIMA-EM. Las empresas municipales como CIMA-EM se consideran corporaciones con fines de lucro y con personalidad jurídica propia por lo cual, a sus empleados le aplican las leyes y normas del sector privado.

De hecho, la ayudante ejecutiva del alcalde certificó que la Junta de Directores del CIMA-EM de cinco miembros, estuvo compuesta por cuatro miembros del 2016 al 2019 y no contó con un representante del interés público, del 2021 al 2022.

El presupuesto de Isabela ascendió de $12.6 millones en el 2019, a $12.6 millones en el 2020, $12.9 millones en el 2021, $16.1 millones en el 2022, y $16.6 millones en el 2023. Sus estados financieros reflejaron superávits acumulados de $35.1 millones en el 2019, $35.1 millones en el 2020, $35.5 millones en el 2021, y $37.5 millones en el 2022.