Jenniffer González insistió que a su escritorio no ha llegado para una evaluación la medida aprobada en ambos cuerpos legislativos.

“Desconocía”.

Así reaccionó la gobernadora Jenniffer González Colón sobre el Proyecto del Senado 615, una medida que también fue aprobada en la Cámara que, según denuncias, impondría un nuevo cargo a los servicios de telefonía móvil en Puerto Rico.

“No conozco de un proyecto que conlleve un cargo a la telefonía celular ni a los canales de voz”, dijo González Colón en respuesta a preguntas de la prensa.

“No he recibido, ni voy a firmar ningún proyecto que tenga un impuesto”, añadió.

La gobernadora también insistió en que su administración tiene como política pública la eliminación de cargas contributivas, no aumentar.

“Nosotros radicamos medidas de rebaja contributiva, como aumentar la deducción de cuentas IRA y ABLE para personas con impedimento, además de buscar congelar el impuesto al inventario por cinco años”, sostuvo.

Ante la preocupación por la posible firma del Proyecto del Senado 615, la gobernadora afirmó que aún no ha recibido esa pieza legislativa para evaluación.

“No voy a firmar medidas de impuesto”, añadió.

Por su parte, la Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) urgió a la gobernadora a vetar el Proyecto del Senado 615, por su potencial impacto adverso en los consumidores y en la industria de telecomunicaciones en Puerto Rico.

“Esta medida representa un aumento desproporcionado en la carga contributiva del sector, lo cual inevitablemente se traducirá en cargos adicionales al consumidor. Si cada canal de voz tributa $3,000, el impacto económico podría significar cientos de millones de dólares”, advirtió Pedro Andrés, presidente de la APT en declaraciones escritas.

Según explicó Andrés, la legislación propone una definición amplia y ambigua del concepto “canales de voz”, que incluye desde líneas telefónicas hasta redes móviles, postes, cables y otros formatos tecnológicos. Este cambio podría multiplicar la base contributiva sin un análisis técnico o económico adecuado.

La entidad destacó que solo tomando en cuenta los dispositivos móviles activos en Puerto Rico, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) podría recaudar hasta $1,100 millones mediante este nuevo concepto, cifra que sería una carga directa al bolsillo del consumidor.

“Nos preocupa profundamente que este proyecto se haya aprobado sin consulta previa a la industria ni al ente regulador. Este tipo de acción legislativa, sin diálogo ni análisis técnico, atenta contra un servicio esencial y contra la competitividad del país”, añadió Andrés.

La APT pidió a la gobernadora que ejerza su facultad constitucional para vetar la medida.

“Puerto Rico no puede darse el lujo de poner en riesgo su infraestructura de telecomunicaciones ni cargar aún más a sus ciudadanos con medidas que encarecen servicios fundamentales de internet y telefonía móvil”, concluyó Andrés.