Además, recomendó a la Oficina del Contralor Electoral una evaluación administrativa.

El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente archivó el miércoles una querella contra el alcalde de Maricao, Wilfredo Ruiz Feliciano, al concluir que no existe prueba suficiente para configurar delitos penales, aunque refirió el caso a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor Electoral para evaluación administrativa.

El referido surge de una querella presentada por Pedro Vélez Valentín, quien alegó que el alcalde utilizó su vehículo oficial durante horas laborables para supervisar labores de propaganda política y otras gestiones partidistas.

Según el Panel, el Departamento de Justicia, a través de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, inició la investigación en octubre y concluyó que no procedía designar un Fiscal Especial Independiente, aunque recomendó el análisis administrativo correspondiente.

Entre los señalamientos investigados figuraban el uso de propiedad y empleados municipales en horario laboral para colocar propaganda política, así como la instalación de un comité de campaña en terrenos de un suplidor municipal sin permisos adecuados.

Durante la pesquisa, testigos entrevistados ofrecieron versiones contradictorias y el querellante admitió no haber redactado ni firmado la denuncia original, ni tomado las fotografías incluidas. Además, las imágenes fueron captadas después del horario laboral de los empleados señalados.

Tampoco se pudo acreditar que el alcalde haya utilizado recursos públicos con intención de obtener ventaja indebida. El Panel concluyó que no se configuraron delitos como incumplimiento del deber, negligencia o malversación de fondos públicos, pero determinó que el caso debía ser evaluado bajo normas de conducta administrativa.

Respecto a la instalación del comité político, la investigación corroboró que el terreno fue arrendado sin impedimento legal y que se cumplieron los requisitos reglamentarios de la Comisión Estatal de Elecciones, aunque el contrato de arrendamiento no fue documentado con certeza.

La resolución del Panel establece que, aunque se archiva el caso, se remite copia a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Oficina del Contralor Electoral para que verifiquen posibles violaciones bajo su jurisdicción.