Un estudio realizado por el economista Jose Antonio Herrero en julio confirma lo que han revelado varios sectores en torno al mal negocio que representó para el gobierno de Puerto Rico la privatización del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por medio de una Alianza Público Privada (APP) administrada por el consorcio compuesto por el Grupo Aeroportuario del Sureste y la empresa Highstar Capital.

Según reseñó el analista político Benny Frankie Cerezo el miércoles en su programa ‘Voz Primera’ que se transmite por Radio Isla, el acuerdo que fue anunciado como uno vigente por los próximos 40 años, representa una pérdida de $103.5 millones para la Autoridad de Puertos de Puerto Rico.

De acuerdo a lo presentado por Herrero en su estudio, el valor actual (año 2012) del aeropuerto, excluyendo bienes raíces es de $1,752.9 millones.

Este número contrasta con los $669.4 millones que son el valor presente ofrecido por el arrendatario o administrador de la APP, según los precios corrientes del 2012.

La cantidad ofrecida por el arrendatario se desglosa de la combinación de los $494.7 millones ofrecidos para la amortización de la deuda de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, los $143.9 millones del pago de renta y los $30.8 millones como tarifa de entrada.

‘Si se compara el valor presente del flujo de bienes y servicios netos generados por el aeropuerto, equivalente al valor presente del Aeropuerto ($1,752.9 Millones), con la oferta propuesta por el Lessee (arrendatario) cuyo valor presente es $664.5 Millones se podrá observar que la pérdida de la Autoridad de Puertos en este negocio es igual a 61.81% del valor del Aeropuerto ((1,752.9 – 669.4)/1752.9). En términos absolutos, esta operación, tal y como está descrita hasta ahora, según los documentos sometidos a la consideración pública, la pérdida de la AP es $1,083.5 Millones’, explicó Herrero en el resumen de su informe sobre el establecimiento de la APP en el aeropuerto.

Cuando la firma del acuerdo se anunció oficialmente el 19 de julio, el gobierno puertorriqueño aseguró que la propuesta del consorcio ascendía a $2,573.5 millones y que contribuiría con la creación de cerca de 3,500 empleos en los primeros tres años y 13 mil empleos en la primera década.