El director ejecutivo de la Autoridad de Puertos, Víctor Suárez, reveló el lunes que no se logró refinanciar la deuda de esa corporación pública tras la transacción que pasó la gerencia del aeropuerto Luis Muñoz Marín a manos privadas, y que se intenta renegociar con el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

Luego de que surgiera la degradación del crédito, Puertos no pudo refinanciar la deuda que se quedó pendiente de unos $430 millones, de los cuales $80 millones corresponden a pagos pendientes con los suplidores.

El BGF asumió esa deuda, cuyo servicio era de unos $18 millones, y eso aumentó la misma en unos $65 millones. ‘Al presente nos encontramos en conversaciones con el BGF para buscar alternativas a esta situación’, expresó Suárez.

De otra parte, el funcionario explicó que la agencia ha reducido en un 20% la partida de salarios en comparación con el presupuesto corriente enmendado como resultado de una reducción en el gasto de Plan Médico de 26%, un 20% de reducción de la partida de tiempo extraordinario, 25% de reducción en la nómina de empleados de confianza, y se redujo la plantilla de empleados de carrera en 266 entre enero 2013 al presente.

Suárez presentó el presupuesto de ingresos operacionales para el Año Fiscal 2014- 2015 que asciende a $95.9 millones, lo que representa un aumento de 2% en comparación con el presupuesto enmendado 2014.

‘El Presupuesto 2014-2015 presenta unos gastos operacionales de $80.1 millones que representa una reducción de 14% comparando el presupuesto enmendado 2014, y tomando en consideración el Proyecto del Senado 1092 o su equivalente en la Cámara, el Proyecto 1922, referente a las propuestas de sustentabilidad fiscal’ señaló Suárez en vista pública de presupuesto que atiende la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas presidida por el senador José Nadal Power .

En dicho presupuesto se considera un aumento de pasajeros de 16% que llegan a la Isla como resultado de los esfuerzos que se están llevando a cabo junto con la Compañía de Turismo. ‘Este aumento nos ayuda a mitigar el impacto de la reducción del 12% en el servicio de escaseo mencionado en el cargo por escaseo’, aseguró Suárez. Esto como resultado de la decisión del Tribunal Federal en la que se cuestionaba la constitucionalidad de dicho cargo y mediante el cual se valida el proceso, pero ordena a la APPR a no cobrar en aquellas instalaciones en donde no se provee el servicio de carga suelta o en áreas donde no está instalado el equipo.