Aunque con una mano el Gobierno de Puerto Rico pretende crear un nuevo Código de Incentivos tributarios en aras de la transparencia, con la otra mano incumple con una ley aprobada desde el 2015 que obliga a someter la información de todos los decretos y exenciones contributivas otorgadas para publicarlos a traves del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR).

Tampoco han sometido el informe requerido desde el pasado año por la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre los creditos otorgados bajo la Ley 73 de Incentivos Industriales, confirmó a NotiCel el ente creado por PROMESA.

'No lo han entregado', informó Edward Zayas, portavoz de la JCF en referencia a la carta enviada por el ente al Departamento de Hacienda para solicitar todos los contratos -incluyendo decretos de incentivos tributarios- otorgados a partir de julio de 2017. El plazo otorgado para someter el informe era inicialmente el 24 de agosto de 2018.

En momentos en que se espera que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares por segunda ocasión someta a la Legislatura el nuevo Código de Incentivos Contributivos, este diario supo que el Gobierno se ha negado a someter esa misma información al IEPR que ya creó un portal para divulgar la información, tal como como exige la Ley 187 de 2015. Es decir, si hubieran ofrecido la información, ya el país sabría a quienes se les ha otorgado decretos, exenciones y creditos contributivos.

Al menos en tres comunicaciones enviadas el pasado año por el entonces director ejecutivo del IEPR, Mario Marazzi, se solicitó al secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Manuel Laboy, la información. Las cartas nunca fueron contestadas.

La Ley 187-2015 creó el Portal Interagencial de Validación para la Concesión de los Incentivos para el Desarrollo Económico (PIVCIDE), adscrito al Instituto de Estadísticas. El estatuto establece que el IEPR crearía un portal para publicar toda la información que recibiera del Gobierno sobre cada decreto e incentivo aprobado por las agencias con el propósito de tener un cuadro completo de su impacto ecnómico y medir el desempeño del Gobierno en la emisión de sus exenciones e incentivos, así como, una herramienta de transparencia para conocer a que compañías o individuos se les otorgan los beneficios.

La ley enumera una gran cantidad de leyes de exenciones e incentivos a las cuales le aplica por lo que las agencias vienen obligadas a proveer a información al Instituto. Aunque se aprobó en 2015, entraba en vigor el 1ero de enero de 2018, luego de varios periodos de prórroga y de una implantación escalonada para proveerle el tiempo necesario a las agencias para recopilar información.

'Por este medio, solicitamos que El Departamento de Desarrollo Económico provea en un termino de 20 días calendario la información requerida en el Formulario para proveer las certificaciones de cumplimiento de las personas naturales o jurídicas cumplidoras bajo la Ley 135-1945 y el Formulario para proveer las certificaciones de cumplimiento de las personas naturales o jurídicas cumplidoras bajo la Ley 27-2011, para los casos nuevos, enmiendas y mantenimiento de incentivos o beneficios. Por otro lado, al momento, no hemos recibido designación alguna del Departamento para la persona que representará a dicha agencia en el Portal. Agradeceremos se completen los formularios de acceso para cada persona y se envíen a ley187', lee la carta enviada en enero de 2018. Dos cartas adicionales fueron enviadas a Laboy en febrero del pasado año, pero el funcionario nunca las respondió.

El portal creado por el Instituto todavía existe (https://www.pivcide.pr/), pero el mismo se mantiene sin información. En su lugar, el Gobierno entró en una pugna constante con el Instituto que inició con la remoción de varios miembros de la Junta de Directores de la entidad al amparo de los poderes que le confiere la Ley 3 del 2017 al gobernador Rosselló para sustituirlos por nombramientos de su confianza. Los miembros destituidos acudieron al Tribunal.

Desde ese momento hasta el presente ha imperado una lucha por el control del Instituto de Estadísticas que incluyó una propuesta del Gobernador para fusionarlo con el DDEC, lo que provocó la oposición de múltiples sectores profesionales ya que la movida afectaría la independencia de la entidad. La Junta de Control Fiscal detuvo la propuesta del Gobierno. La pasada semana, Marazzi renunció a la dirección ejecutiva del Instituto luego que fuera suspendido por un caso de orden de protección en su contra.