Aunque la Junta de Control Fiscal (JCF) propuso un plan de ajuste al sistema de pensiones de los empleados públicos, es incierta la fecha en que se pondrá en efecto.

De acuerdo con la propuesta, la JCF dice el recorte de 10% comienza 90 días después de la confirmación de ese plan de ajuste de Título III.

Sin embargo, el licenciado Rolando Emmanuelli, autor del libro sobre la Ley PROMESA, dijo que no se sabe con certeza ese dato.

‘Eso es algo que es bien incierto porque ese es el trámite de las postrimerías del caso de Título III. La jueza tiene que resolver primero la disputa de COFINA (Corporación del Fondo de Interés Apremiante) con los GO’s(obligaciones generales) y tiene que resolver los 14 o 15 procedimientos adversativos que hay paralelamente a los casos de Título III porque presentan controversias que hacen falta para que se sepa cuál es la situación del gobierno’, explicó Emmanuelli.

‘Luego, el gobierno tiene que hacer un escrito de divulgación donde va a tener que hacer toda la historia de por qué ocurrió esto, cuánto dinero hay para pagar, y cuánto se podría estar pagando. Tiene que someter el plan de ajuste de deuda que ahí es que va a decir: ‘yo les debo a los pensionados tanto pero los pensionados van a recibir esto», indicó.

‘Hasta que no se resuelvan todas esas controversias y la jueza pueda dilucidar entre la paja y el grano, todavía eso está muy incierto y ahí después de someter ese plan de ajuste de deuda, 90 días después es que empezaría. Podría ser a finales del año que viene… podría ser una fecha’, pronosticó el abogado.

Al explicar el proceso legal, Emmanuelli afirmó que lo primero que deben saber los pensionados que están preocupados es que el recorte no va a ser el mes que viene ni este año.

‘No, este año tampoco va a ser. Es prácticamente imposible. Lo único que podría acelerar que eso se pueda dar más temprano es que el proceso de negociación sea un éxito rotundo. En Detroit, que era una quiebra mucho más pequeña, en 18 meses se resolvió el caso completo’, recordó.

‘En ese sentido, el proceso de mediación donde hay más de 35 entidades que van a participar podría tener unos éxitos que van a ir conformando el plan de ajustes. Por ejemplo, si la AEE se pusiera de acuerdo con la UTIER sobre los recortes a sus beneficios, ya es una controversia menos que la jueza tiene que entrar, pero si no se ponen de acuerdo la jueza tiene que celebrar el juicio porque los procedimientos adversativos no son otra cosa que demandas civiles donde hay derecho a juicio. Y eso requiere una sentencia, hay apelaciones y mientras esas cosas queden en el aire el gobierno no va a tener toda la información para someter un plan de ajuste de deuda’, explicó el experto.

En entrevista con NotiCel, Emmanuelli opinó que es fútil cuestionar si la fórmula utilizada para calcular el recorte de la pensión de cada cual es apropiada o legal.

‘Lo que pasa es que dentro de todo este andamiaje de PROMESA la pregunta sobre si es legal o no lo que hace la Junta es prácticamente académica. Estamos sometidos a un régimen colonial, estamos sometidos a una junta dracónica y dictatorial. Lo que es la legalidad o no de sus actuaciones discrecionales es lógicamente incuestionable’, manifestó.

‘Hay unos criterios, que dentro del caso de título 3 la jueza puede tomar determinaciones pero en todas estas cuestiones de qué es lo que hace falta para que el presupuesto cumpla con el plan fiscal ahí hay mucha discreción de la junta’, concluyó.

Para aclarar esta y otras dudas sobre los más recientes anuncios de la JCF, mira la entrevista con el Lcdo. Emmanuelli aquí:

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