Proyecto es uno de los ‘críticos’ de la JCF.

El anuncio del gobernador Ricardo Rosselló de que el proyecto de la incineradora en Arecibo que propuso, y cabildeó ampliamente, la empresa Energy Answers ya no es parte de la ‘política pública’ del gobierno de Puerto Rico abre un nuevo frente en la confrontación, o complicidad, entre la Administración Rosselló y la Junta de Control Fiscal.

‘Este proyecto dejó de ser compatible con las metas y la nueva realidad de Puerto Rico por lo que ya no será parte de los objetivos de transformación de la AEE’, dijo el Gobernador el sábado en una postura que tambien supone un golpe al exgobernador Luis Fortuño, uno de los cabilderos de la incineradora.

Pero, la incineradora de desperdicios sigue siendo parte de la lista de ‘proyectos críticos’ que la JCF puede trabajar mediante la ley federal PROMESA a traves de la figura del Coordinador de Revitalización, Noel Zamot, el mismo que la Junta quiso poner como síndico en la Autoridad de Energía Electrica (AEE) y que no pudo porque Rosselló lo combatió, y ganó, en el tribunal de quiebra.

El ‘manejo de desperdicios sólidos’ como uno de los problemas que atenderían los ‘proyectos críticos’ de la Junta está sobre la mesa desde por lo menos agosto del año pasado, cuando la Junta encaminó sus trabajos de infraestructura bajo el Título V de la Ley PROMESA.

La incineradora en Arecibo que impulsa Energy Answers fue formalmente presentada al Congreso como uno de los proyectos críticos en una ponencia de Zamot en noviembre de 2017, despues de los huracanes Irma y María.

‘Un ejemplo (del uso de capital privado para proyectos de infraestructura) es un proyecto de ‘waste-to-energy’ que busca la empresa Energy Answers, basada en Nueva York. Este proyecto involucraría una inversión de $800 millones, todos privados, para crear una planta que convierta desperdicios en electricidad. Tiene objetivo dual y muchas ventajas. No solamente generaría electricidad que contribuiría a la red energetica (de la isla), tambien aliviará alguna de la presión de un vertedero desbordado’, dijo Zamot.

Lo curioso de las fechas es que, según el Título V de PROMESA, para que un proyecto sea candidato formal a la designación de ‘crítico’, tiene que haber ocurrido una consulta con el gobierno de Puerto Rico en la que se acuerda someter ese proyecto a comentario público, cosa que ya ocurrió con la incineradora.

Rosselló dijo que la incineradora no se ajusta ‘a las nuevas realidades’ de Puerto Rico pero, según lo que se conoce públicamente, la incineradora entró en la lista de la Junta despues de esas ‘nuevas realidades’ y, de hecho, a pesar de las ‘nuevas realidades’, la Junta lo defendió en el Congreso sin que la Administración Rosselló advirtiera que había cambiado de parecer.

La ley PROMESA no es clarar sobre lo que un cambio de parecer del Gobernador puede determinar en la vida de un proyecto crítico que ya ha sido sometido a comentario público.

Lo próximo ahora sería que Zamot emita para la consideración de la JCF un informe con relación a los comentarios públicos que cada proyecto recibió, con lo que el proyecto queda sometido para que la Junta decida si oficialmente recibe la designación de ‘crítico’ o no. Si la Junta da su visto bueno, se activa un proceso de trámite gubernamental expedito en el que, de la lectura de la ley, no hay espacio para que el gobierno desobedezca. De hecho, la ley le prohíbe al gobierno entorpecer el paso rápido del proyecto y tambien permite que la Junta intervenga directamente en el proceso si el proponente del proyecto se queja.

Según la descripción que la Junta hace de la incineradora, el proyecto tendría inversión de $860 millones, produciría 750 empleos directos, indirectos e inducidos una vez en operación, tomaría tres años y medio en estar operacional y quemaría o procesaría para reciclaje unas 2,300 toneladas de desperdicios al día.

El público puede comentar sobre el proyecto en este enlace de la Junta de Control Fiscal.