Legisladores dispuestos a que los arresten.

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló Nevares, retó a la Junta de Control Fiscal (JCF) a que apruebe y certifique el Plan Fiscal con las exigencias que entiendan pertinentes, tal como esbozaron en una carta publicada ayer, miercoles.

No obstante, el Primer Ejecutivo –con el respaldo de la Asamblea Legislativa– no acatará esas decisiones por entender que interfieren con la política pública del Estado, poderes que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en ingles) no confiere al ente federal.

Su equipo legislativo, incluso, se mostró a favor de la desobediencia civil con tal de mantenerse fiel a sus convicciones y en oposición a la JCF.

‘Asunto de política pública que no se haya discutido y que no estemos de acuerdo y que hayamos establecido que no estamos de acuerdo, y que ellos quieran imponer como parte de un plan fiscal, pues lo pueden poner y lo pueden certificar. Tienen el poder de certificarlo, pero de ejecutarlo no lo tienen. Yo le estoy diciendo que no lo van a ejecutar’, exclamó Rosselló Nevares en conferencia de prensa tras la firma de la Reforma educativa.

La postura del gobernador no es nueva, pues anteriormente había invocado esta sección del estatuto federal para combatir imposiciones de la reducción de jornada laboral y del Bono de Navidad. En esa ocasión, tambien se amparó en el Título II de la Ley Promesa, capítulo que aborda los deberes del ente rector de las finanzas del País.

‘Yo he alertado ante la situación onerosa de mucha de la política pública y tenía entendido que habían captado ese mensaje y que la política pública la íbamos a implementar nosotros y que ellos iban a trabajar con las limitaciones fiscales, que eso se entendía. Aparentemente, y leyendo esa carta, no captaron el mensaje, así que capten este mensaje bien: No van a dictar la política pública de Puerto Rico. Eso lo hace el gobernador y la Asamblea Legislativa. Eso lo hace los oficiales electos por el pueblo, y ahí nosotros vamos a tirar la raya’, recalcó Rosselló Nevares.

La reacción del gobernador surge un día despues que la JCF enviara varias misivas, particularmente una de siete páginas en la cual se resumen los cambios que debe contener la versión revisada del Plan Fiscal, con nueva fecha de entrega fijada para el 5 de abril.

A su juicio, la carta del ente federal no demuestra comprensión de lo que es el plan para Puerto Rico a largo plazo. Incluso, recriminó que el documento no adopta las recomendaciones hechas por el Gobierno en los tres viajes a Nueva York y las dos semanas de trabajo que se invirtieron en dialogar y negociar recortes.

Es por eso que se resguardó en que la JCF podrá imponer su parecer, tal como hizo el pasado junio cuando determinó lo que sería el presupuesto de Puerto Rico, pero la Asamblea Legislativa no le dará paso.

‘Hay algo que ellos no pueden despintar de Promesa: tiene que pasar por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Tienen que pasar por el Senado y tienen que pasar por la Cámara de Representantes’, señaló, por su parte, el representante Jose ‘Pichy’ Torres Zamora, quien acompañaba al gobernador en el evento.

Junto a ellos se encontraban los legisladores Carmelo Ríos Santiago, Guillermo ‘Guillo’ Miranda Rivera, María Milagros ‘Tata’ Charbonier Laureano, Margarita Nolasco Santiago, y la Secretaria de Educación, Julia Keleher.

‘Creeme, y hablo en mi carácter personal, no se si puedo hablar por el resto de los compañeros, nos van a tener de frente. Porque si me tienen que llevar arrestado como ha dicho la compañera Lourdes Ramos [Rivera], como lo ha dicho la compañera Tata Charbonier, como lo ha dicho Guillo y el propio presidente [de la Cámara], que nos arresten en el hemiciclo y allí los esperamos’, aseguró Torres Zamora, quien es vicepresidente de la Cámara de Representantes.

En ocasiones previas, Ramos Rivera y Charbonier Laureano confirmaron su disposición para realizar desobediencia civil contra la JCF.

Torres Zamora tambien aprovechó para lanzar un llamado a los miembros puertorriqueños del ente federal que han laborado en el Gobierno bajo el manto del Partido Nuevo Progresista en años anteriores para advertirles que su labor es defender los intereses de la Isla.

Oposición, ¿y ahora que?

A pesar de que reiteró su negativa ante las propuestas de la JCF, el gobernador confirmó que cumpliría con someter una versión distinta del Plan Fiscal para la fecha límite. Sin embargo, utilizará la oportunidad para presentar las medidas que representan las creencias de su Administración.

Del mismo modo, contestará de manera formal la carta de ayer, firmada por el presidente de la JCF Jose Carrión III.

‘Esto no es tirar los brazos y decir que no hay nada que hacer. No. Es establecer nuestra posición. La Junta hace una serie de puntos de índole fiscal que nosotros con mucho gusto vamos a contestar y que vamos a atender y que estamos en la disposición de atender cuáles van a ser esos mecanismos de índole fiscal’, declaró Rosselló Nevares.

‘Los asuntos de política pública donde tengamos una diferencia, que obviamente les puedo anticipar que en esa carta todos o la gran mayoría lo son, pues esos asuntos no se van a tocar porque no les compete a ellos certificarlo en un plan fiscal, así de sencillo. No tienen el poder para hacerlo en la ley que los crea’, añadió.

En ese aspecto, descartó acudir a los tribunales, pues repitió que el Título II de la Ley Promesa está a su favor en esta disputa.