Remitieron una carta.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal y Legal (AAFAF) cursó una carta a la Junta de Control Fiscal (JCF) en la que nuevamente cuestiona los pedidos del ente al Gobierno de Puerto Rico.

En la misiva de dos páginas, se señala que pese a los poderes que consignó el Congreso para el organismo cobijado bajo la Ley Promesa, los miembros de este ente no pueden limitar los poderes del Gobierno de Puerto Rico, por lo qu e se niegan a entregar información requerida.

La nueva discrepancia surge luego de que la Junta cursara una carta al Departamento de Hacienda (DH) y su secretaria, Teresita Fuentes, para que remitieran al organismo informes sobre los incentivos que el Gobierno ha otorgado y planea otorgar. La movida de la Junta vino despues de que esta solicitara una serie de contratos de publicidad gubernamental, manejados por la agencia KOI, con varias entidades y que suman poco más de $10 millones.

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‘Nada en esta Ley se interpretará en el sentido de limitar el poder de los gobierno o cualquier instrumentalidad territorial para ejecutar o modificar discrecional reducción de impuestos o acuerdos similares de desgravación fiscal, o para hacer cumplir el terminos y condiciones de cualquier reducción de impuestos discrecional o desgravación tributaria similar acuerdo, al que el gobierno territorial o cualquier instrumentalidad territorial es una fiesta’, cita Christian Sobrino Vega para cuestionar el pedido.

La mencionada carta ocurre en medio de pedidos remitidos, de igual modo, a las Cámaras Legislativas y sus respectivos presidentes para que suministren información sobre el uso de su presupuesto y la asistencia laboral tanto de legisladores como de otros empleados.

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No obstante, en otro hecho que muestra cuestionamientos al ente creado bajo la Administración de Barack Obama, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le cursó una carta a la Junta solicitando los mismos requerimientos que pidió el organismo.

En la carta, Rivera Schatz argumenta que la JCF es un ente del gobierno territorial de Puerto Rico y pagado por sus constituyentes. Además, hace alusión al caso que llevó el Centro de Periodismo Investigativo contra el Gobierno sobre la entrega de documentos públicos y transparencia al mencionar el derecho de los puertorriqueños a tener acceso a ese tipo de documentos.

‘El derecho de nuestros ciudadanos al acceso de documentos públicos va de la mano con el propósito de la ley Promesa’, dice el Presidente Senatorial.

Mira la carta aquí.