Tal como adelantó el pasado 11 de mayo, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, radicó una demanda ante el Tribunal federal en nombre del municipio que busca detener las intenciones de la Junta de Control Fiscal (JCF) de requerir planes fiscales y presupuestos de los municipios de Puerto Rico.

Cuando la JCF certificó el nuevo Plan Fiscal para el Gobierno de Puerto Rico, aprobó designar los 78 municipios de Puerto Rico como entidades bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA por sus siglas en ingles), comenzando con un proyecto piloto para 10 pueblos que no incluyen a la capital.

La demanda del Municipio plantea que, 'La Junta de Supervisión ya ejerce el control sobre las políticas presupuestarias y fiscales del Estado Libre Asociado. No hay ninguna razón aparente por la cual la Junta de Supervisión tambien deba ejercer control sobre todas las finanzas municipales para lograr la responsabilidad fiscal de las finanzas del ELA'. De igual modo, establece que la Junta tampoco ha ofrecido una explicación racional de por que la designación de todas las municipalidades promovería su propósito de lograr la responsabilidad fiscal a dos años de la Ley PROMESA.

En cuanto a la entrega de presupuestos, el recurso legal expone que las finanzas municipales no afectan negativamente las finanzas del Gobierno central, máxime cuando la misma Junta establece recortes del Fondo General a los municipios por los próximos cuatro años.

El dictamen de la Junta implica que Aibonito, Barranquitas, Camuy, Cidra, Comerío, Isabela, Orocovis, San Sebastián, Villalba y Quebradillas deberán presentar sus presupuestos y planes fiscales a la entidad financiera. La primera entrega de los planes fiscales está pautada para el 7 de junio, mientras que el día 30 de ese mes se supone que se entreguen los presupuestos.

Como remedio, el municipio de San Juan pide que se declare la inclusión de los pueblos como una violación a PROMESA o que invalide la decisión de la Junta tomando en cuenta que los nombramientos de sus miembros fue declarada inconstitucional por un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones de Boston; o, en última instancia, declarar inconstitucional la Ley PROMESA.

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'No creo que la Junta de Control Fiscal deba entrar a mirar ningún municipio porque en principio la Junta de Control Fiscal es para trabajar con las finanzas del Estado no con las finanzas del municipio y lo que estamos viendo es otra forma de poner los condados y de, potencialmente, ya lo dijeron, eliminar municipios. Para acuerdos de colaboración (entre municipios) no necesitas a la Junta de Control Fiscal', expresó Cruz Soto entonces durante la presentación del proyecto de vivienda Villa Esperanza en la comunidad de Cantera.

'No es tomar el control de los municipios, es una colaboración. El programa piloto es para asistir a esos municipios en el camino. No vemos esto como una acción que deba ser tomada de forma negativa. […] Evaluar y adoptar mejores prácticas financieras y presupuestarias, mientras dejan atrás la dependencia en el Fondo General del gobierno central, mejorará significativamente la condición de los municipios', aseguró el presidente de la JCF, Jose Carrión III, cuando anunció la inclusión de los ayuntamientos.

Sumado a eso, la JCF tambien requirió que el Centro de Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM) --que ya era una entidad cubierta bajo la ley federal-- someta un plan fiscal con viabilidad para cinco años. Asimismo, la Junta contratará firmas especializadas para asistir en el análisis, el monitoreo y la implementación de nuevas medidas en el Centro y los ayuntamientos.