Algunos de los hallazgos identificados por la OCPR

Hasta la fecha, la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) ha emitido 24 informes detallando cientos de irregularidades en el manejo administrativo y la operación del municipio de Toa Baja. De ese total, la mitad detalla hallazgos incurridos durante la gestión del exalcalde Aníbal Vega Borges quien renunció a su cargo súbitamente tras perder la primaria partidista del 2016.

A continuación, desglosamos siete de esos hallazgos:

Bonos ilegales a Policías estatales adscritos Toa Baja –

Noviembre del 2005: Mediante ordenanza municipal aprobada en noviembre del 2005, el alcalde otorgó una bonificación suplementaria al bono de Navidad por $500 a policías estatales que rindieron servicios por seis meses o más en el municipio. El gasto total fue de $67,500, pero la OCPR determinó que los pagos fueron ilegales porque el ayuntamiento está facultado a otorgar este bono a empleados municipales solamente.

El alcalde Vega Borges respondió al hallazgo, indicando: ‘Un asesor legal redactó un Memorando en Derecho en el cual fundamenta el porque de la legalidad de los pagos realizados.’

Pagos ilegales por acumulaciones futuras liquidaciones de licencia de vacaciones y por tiempo compensatorio –

2006 al 2007: El informe de la OCPR del 8 de septiembre detalla un patrón de empleados municipales solicitando liquidaciones parciales de balances de sus licencias de vacaciones y por tiempo compensatorio. La OCPR identificó ocho de estos casos protagonizados por cinco empleados municipales. Esto resultó en el desembolso de $47,905 en fondos del municipio, justificados mediante una opinión legal emitida el 8 de noviembre del 2005 por un bufete que mantenía contrato con el municipio. Del detalle de los hallazgos se desprende que el entonces vicealcalde, Pedro Julio Santiago Guzmán, dio el visto bueno para tres de estos pagos. Tambien se detalla que el entonces director interino de recursos humanos, Elías Sánchez Sifonte, notificó en tres casos distintos que el pago procedía conforme lo solicitado. Sobre el hallazgo, el acalde respondió: ‘No se acepta el Hallazgo por no existir una prohibición legal ni mucho menos estar tipificado un delito que penalice esta práctica administrativa. Las determinaciones estuvieron basadas en opiniones legales, por lo que fueron unas determinaciones informadas sin intención de inobservar disposiciones’.

Nombramientos de personas que no cumplían con requisitos mínimos de preparación academica –

2005 al 2006: Se detallan cinco personas que ocuparon cargos que no podían ejercer. Entre estos se mencionan:

Una directora de finanzas con sueldo mensual de $5,052. No contaba con estudios requeridos en administración de empresas. Devengó un total de $110,054.
Un director de Asuntos de la Juventud con sueldo mensual de $2,974, posteriormente aumentado a $4,337. No contaba con estudios universitarios ni un grado asociado. Devengó un total de $71,211.
Un Subcomisionado de la Policía municipal con sueldo mensual de $3,105. No cumplía con requisito de experiencia de seis años como agente de la Policía. Devengó un total de $130,612.
Un Inspector de la Policía municipal con sueldo de $2,595. No contaba con experiencia mínima de tres años como oficial de la Policía. Devengó un total de $82,953.
Un funcionario ejecutivo contratado como transitorio con sueldo mensual de $2,057. No contaba con experiencia mínima de seis años en un cargo administrativo. Devengó un total de $70,706.

El alcalde no aceptó los hallazgos contra los empleados e insistió que cumplían con los requisitos mínimos.

Gastos extravagantes, innecesarios y fuera de las normas de utilidad ante una situación fiscal precaria – 2005 al 2015: Tres informes de la OCPR detallan los gastos innecesarios incurridos por el municipio para festividades, viajes, donativos y servicios de publicidad entre otros.

Del 2005 al 2007 gastó $491,179

Del 2007 al 2010 gastó $13,339,287

Del 2010 al 2015 gastó $2,667,13

Para el informe que reveló los gastos del 2005 al 2007, el alcalde respondió: ‘Las actividades catalogadas como gastos extravagantes e innecesarios redundan en el bienestar de la comunidad y su desarrollo social y cultural y están autorizadas por el poder legislativo y ejecutivo municipal y basada tambien en legislación estatal’.

Funcionario que prestaba dinero a personal suyo y realizaba gestiones de cobro durante horas laborales y con uso de vehículos municipales – 2005 al 2007: Un ayudante especial del acalde que tenia brigadas de ornato bajo su supervisión, con la colaboración de otros dos supervisores y otro empleado, prestaba dinero sujeto a cobro de intereses. Los empleados entregaban sus cheques al ayudante especial quien a su vez los cambiaba, retenía la cantidad adeudada y entregaba el resto a los empleados. La OCPR identificó al menos 67 cheques de nómina por $24,571 que contenían segundos endosos que correspondían al ayudante especial. En su respuesta al hallazgo, el alcalde expresó: ‘La información contenida en el Hallazgo no configura ni contiene los elementos delictivos de ilegalidad por prestar dinero’

Accidentes con vehículos municipales que no se informaron –

2004 al 2007: El municipio no informó al Departamento de Hacienda ni al Departamento de Justicia sobre 170 casos de accidentes con equipo pesado o vehículos municipales. Tampoco realizaron las investigaciones pertinentes para determinar las causas y fijar responsabilidades sobre los empleados. En vez, el municipio aceptó la responsabilidad de los casos y asumió el pago de $181,912 en costos de reparación. El alcalde no comentó sobre este hallazgo.

Pagos indebidos a asesores y a un consultor por servicios no contemplados en los contratos –

2005 al 2007: Entre el 2005 y el 2006 el municipio pagó $109,906 a un bufete de asesores legales, pero de esa cuantía $51,030 corresponden a servicios que no fueron pactados en su contrato. Del 2005 al 2007 el municipio pagó $135,595 a un suplidor para servicios de asesor de prensa. De ese monto, $14,513 correspondían a servicios no contemplados en su contrato. Mientras que del 2005 al 2006 el municipio otorgó tres contratos por $20,000 a un consultor para servicios de consultoría relacionada al presupuesto. Aunque los cobró, las responsabilidades que ejerció eran parte de las obligaciones del Contador y Oficial de Contabilidad del municipio, cargo contemplado en el Plan de Clasificación del ayuntamiento. En su respuesta al hallazgo, el alcalde defendió los contratos.