El historial de privatización de servicios refleja la preferencia del gobierno de optar por vender algunos de sus activos más lucrativos, pero cuyo valor resulta afectado por motivo de dejadez en mantenimiento o falta de eficiencia.

Aunque la privatización de servicios públicos ha prevalecido en los gobiernos municipales, las controversias suelen generarse más bien a nivel de agencias y corporaciones públicas del gobierno central, dado a lo lucrativo que suele ser para el ente privatizador el asumir una operación gubernamental.

Por ese mismo camino parece atravesar la propuesta venta de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) como tambien la viabilización de las escuelas charter por el Departamento de Educación (DE).

¿Pero que podemos esperar de un proceso de privatización? A continuación, detallamos algunos esfuerzos de privatización guiados por el gobierno.

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)

En la AAA la pobre eficiencia del sistema de acueductos, causada por falta de mantenimiento y pobre administración, remontan a finales del siglo pasado. Aunque hoy continúa como corporación pública, durante la administración del gobernador Pedro Rosselló se decretó un estado de emergencia en la AAA, que resultó en un proceso de privatización en 1995, otorgando un contrato de operación del sistema a la compañía P.S.G.

Ese contrató venció en el 2002, bajo la administración de Sila María Calderón. Posteriormente fue la empresa francesa Ondeo quien obtuvo el contrato de operación por $4,000 millones por un termino de 10 años. Sin embargo, tan solo dos años despues la compañía y el gobierno optaron por descontinuar el contrato, luego que Ondeo solicitará $93 millones adicionales bajo el argumento de que el sistema era más complejo que antes.

A mediados del 2004 la AAA volvió a manos del gobierno.

Puerto Rico Telephone Company (PRTC)

Una de las privatizaciones más controversiales, la venta de la PRTC desató una de las huelgas más concurridas y violentas. En la decada de los 90 la administración de Pedro Rosselló intentó privatizar la telefónica, objetada por el principal sindicato de la PRTC, la Hermandad Independiente de Empleados Telefónicos (HIETEL).

En ese entonces los unionados aseguraron que la PRTC generaba hasta mil millones de dólares anuales, pero ya en mayo del 1998, tras dos meses de negociaciones secretas entre el gobierno y la compañía GTE, se acordó la venta de la mayoría de las acciones de la corporación pública a un costo de $375 millones. La venta, que ascendió a más de $1,800 millones, fue anunciada por Rosselló en abril del 1997 para aumentar la capacidad de financiamiento en infraestructura y para atender el deficit actuarial del Sistema de Retiro.

Posteriormente, en el 2006 la PRTC pasó a manos de la empresa Claro, que mantiene control de la telefónica.

Metropistas

En el 2011 la administración de Luis Fortuño anunció la concesión de las autopistas PR-5 y la PR-22, bajo el modelo de Alianza Público Privada (APP). Sin embargo, los documentos emitidos para adjudicar el proyecto revelaron que en el 2009 ambas autopistas generaron en total $278 millones para la Autoridad de Carreteras (ACT).

En ese momento el gobierno acogió una propuesta de la empresa Abertis quien pagaría $1,080 millones más unos $346 millones por los próximos 25 años dedicados a mantenimiento. El acuerdo, sin embargo, permitía el aumento de los peajes en esas carreteras a partir del 2014, mecanismo que han utilizado en años recientes para aumentar esa tarifa.

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM)

Con un proceso que comenzó durante la administración de Luis Fortuño y culminó bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, la privatización del aeropuerto ubicado en Isla Verde se llevó a cabo bajo el mecanismo de una Alianza Público Privada (APP). En el caso del AILMM, fue la empresa mexicana Aerostar Airport Holdings quien obtuvo la concesión del aeropuerto por un termino de 40 años tras un pago de $615 millones más unos $550 millones en ingresos que generarían para el fisco durante ese termino.

Autoridad de Energía Electrica

Pese a que siempre se advirtió que el sistema energetico estaba tan frágil que no soportaría un huracán de mayor intensidad, lo pronosticado se convirtió en realidad en el 2018 con el paso del huracán María. Cinco meses despues y tras un proceso de recuperación matizado por la lentitud y las irregularidades en la contratación de la compañía Whitefish Energy Holdings, el entonces gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, anunció la venta de los activos de la corporación pública.

El proyecto de privatización fue presentado a principios de marzo y recurría a la ley de Alianzas Público Privadas para establecer el proceso de privatización y concesión de activos de la Autoridad. De mismo modo, la medida excluía al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en el proceso de propuestas y el lenguaje tenía el potencial de impedir a la Comisión regular las compañías que entren al mercado.

La Cámara de Representantes aprobó una versión enmendada por el Senado en junio la cual devolvió al NEPR facultades reguladoras para los contratos de alianza. Rosselló Nevares estampó su firma al proyecto a finales de ese mes, pero aún a más de un año de ese momento, la AEE sigue en proceso de adjudicar una subasta para concesionar el componente de transmisión y distribución del sistema electrico a alguna empresa.