A la vez que todavía está activo el juicio contra el exrepresentante Rafael Rodríguez Ruiz y su exayudante Soniel Torres Suárez por, entre otras cosas, la creación de entidades sin fines de lucro fantasmas para canalizar donativos, el senador José Nadal Power alertó que algunas enmiendas hechas al Código de Incentivos traen sospechas sobre el manejo de entidades sin fines de lucro.

Específicamente, en el caso de los beneficiarios de decretos contributivos bajo la Ley 22, tienen un requisito de donar por lo menos $10,000 anuales a una entidad sin fines de lucro que tengan sus certificaciones contributivas de los gobiernos federal y local. Pero se añade que la organización recipiente del donativo tiene que estar en una lista oficial que publicará la Comisión Especial Conjunta de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario. Esa misma oficina, según el lenguaje de la enmienda, 'recaudará la aportación dispuesta en este apartado y remitirá la misma, dentro de un término no mayor a 30 días desde el recaudo, a la entidad sin fines de lucro seleccionada'.

'Los donativos a entidades no gubernamentales que por ley se le requerirá hacer a los individuos con decretos contributivos bajo la Ley 22, ahora solo podrán hacerse a través del gobierno y a entidades que hayan sido certificadas previamente por la legislatura. En Puerto Rico no todas las organizaciones solicitan fondos legislativos, muchas quieren ser autosuficientes, y por ello ahora se les negaría la posibilidad de que cientos de inversionistas residentes en la isla puedan enviarles los donativos que se les requieren por ley', denunció el senador del Partido Popular Democrático (PPD), José Nadal Power.

'Estas enmiendas tendrían como resultado que los políticos y el gobierno decidan a dónde pueden llegar donativos privados para cientos de entidades que le sirven bien a Puerto Rico. Decenas de ellas están registradas bajo la sección 501 del código de rentas internas federal y no necesariamente están registradas en la Comisión de Fondos Legislativos de Impacto Comunitario (antes conocida como Comisión de Donativos) porque no han interesado solicitar fondos a la legislatura', añadió.

El senador popular explicó que, en el propuesto Código de Incentivos, permanece la obligación de los individuos con decretos bajo la Ley 22 donen un mínimo de 10,000 dólares al año a entidades sin fines de lucro.

'Aplaudo que permanezca la obligación de donar, pero no puede permitirse que sea el gobierno el que reciba el donativo y lo envíe solo a organizaciones de la lista que controla la legislatura. La Comisión de Fondos Legislativos ha mejorado sus procedimientos gracias una nueva ley que la regula, pero debemos recordar que no todas las entidades bonafides son parte de su sistema de donativos', dijo.