Con la forzosa salida de Jaime Perelló de la presidencia cameral, asume el liderato legislativo quien fuera segundo al mando en la Cámara de Representante, Roberto Rivera Ruiz de Porras, hasta hoy, lunes, una figura silente y poco conocida fuera de los pasillos del Capitolio.

Rivera Ruiz de Porras entró a la Asamblea Legislativa en el 2001 tras ser electo representante del distrito 39, que cubre los municipios de Trujillo Alto y Carolina. Antes, fue legislador municipal de Carolina por cerca de una década.

Posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en Gerencia de la Caribbean University College. Laboró en la banca durante 29 años antes de ser electo representante por el Partido Popular Democrático.

En su primer cuatrienio, bajo la administración de Sila Calderón, presidió la Comisión de Banca, Seguros y Asuntos Financieros de la Cámara. En el 2012 fue seleccionado como vicepresidente cameral por su estrecha relación con Perelló, con quien coincidió en la política local en Carolina.

Rivera Ruiz de Porras ha sido un legislador bastante callado en asuntos de interés nacional, concentrándose en asuntos, asignaciones y medidas para su distrito. Uno de estos fue la privatización del aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Por la importancia para la economía del país de esa alianza público privada (APP), su nombre acaparó las noticias cuando en el 2012 pasó junto a Perelló por un proceso en la Comisión cameral de Ética por enviar misivas en contra de la propuesta APP. La querella, presentada por la entonces presidenta de la Cámara, Jenniffer González, imputaba a ambos de hacer representación falsa e intimidar a unos contratistas de la propuesta alianza para el aeropuerto.

Por otro lodo, fue criticado por sectores activistas de derechos humanos y la comunidad LGBTT tras votar a favor del proyecto del Senado 1725 -similar al 238- para prohibir el discrimen por orientación sexual en el trabajo. También se señala como endosado por organizaciones fundamentalistas. En la última sesión propuso el proyecto de ley que impondría multas a dueños de mascotas por no esterilizarlas.

Otra de sus propuestas fue la ley que provee a los consumidores el derecho a obtener un reporte de crédito gratuito al año de todas las Agencias de Informes de Crédito. Otra iniciativa suya fue la creación de la tarjeta de identificación única emitida por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) -para personas que no poseen licencia de conducir ni otras identificaciones emitidas por el Estado-, y ordenó la creación de la Carta de Derechos de la Niñez.