Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump impulsa una política de mano dura contra la inmigración y llegó a prohibir la entrada en EE.UU. de los ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, respaldado por el Tribunal Supremo. Su movida más reciente fue anunciar la intención para decretar por orden ejecutiva la eliminación de la ciudadanía estadounidense por nacimiento en medio de los cierres de campaña electoral para las legislativas del 6 de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener el control del Congreso.

'Somos el único país del mundo donde una persona viene y tiene un bebe, y el bebe es prácticamente un ciudadano de Estados Unidos. Es ridículo', sostuvo el Presidente durante una entrevista en HBO, obviando el hecho de que Canadá tiene una norma similar que otorga la ciudadanía a los nacidos en su territorio.

Sin duda, la idea de Trump enfrentará obstáculos constitucionales tomando en cuenta que la decimocuarta enmienda de la Carta Magna de EE.UU. establece que 'todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetos por tanto a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen'.

Pero, ¿que sucede en el caso de quienes nacen en Puerto Rico?

En 1967, el Supremo resolvió que el Congreso no tiene poder en virtud de la Constitución para revocar la ciudadanía estadounidense de una persona a menos que renuncie a la misma voluntariamente. En particular, la ciudadanía no puede ser revocada como consecuencia de votar en una elección extranjera, precedente que surgió a partir de Afroyim v. Rusk. Ante el planteamiento de Trump, el Tribunal Supremo tiene que plantearse si va a reinterpretar ese caso.

La ciudadanía estadounidense fue otorgada a quienes nacen en Puerto Rico mediante la Ley Jones de 1917, protegida bajo la Ley de Inmigración de 1940 en la cual el Congreso interpretó que toda persona que nazca en el archipielago nace en el territorio no incorporado de Estados Unidos. Sin embargo, el abogado constitucionalista y catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Carlos Ramos aclaró que para muchos 'no necesariamente están protegidos (quienes nacen en Puerto Rico) por la Enmienda 14. Es un debate que lleva decadas. Tendría que presentarse este debate ante el Congreso, y políticamente, es impensable'.

Para Ramos, el Presidente estadounidense plantearía una nueva interpretación de la Enmienda 14 abriendo una batalla legal ante el Supremo federal, quien tendría que evaluar la constitucionalidad de la propuesta Orden Ejecutiva.

Las expresiones de Trump podrían simplemente perseguir agitar el ambiente electoral puesto que en la mencionada entrevista no ofreció más detalles sobre la orden, limitándose a decir que lo discutió con sus asesores. Su plan va dirigido a los hijos e hijas de inmigrantes en situación ilegal en el país y no se aplicaría a personas con permiso de residencia.

Para el presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, el anuncio de Trump obliga a los puertorriqueños que residen en el continente así como a toda la comunidad hispana a asegurar su voto para los candidatos demócratas en las elecciones de la próxima semana.

'Es alarmante que el presidente Trump quiera abrogarse poderes absolutos antidemocráticos para quitarle la ciudadanía a los bebes nacidos en los 50 estados, que está garantizada por la Decimo Cuarta Enmienda de la Constitución federal. Su pretensión es mucho más grave para los puertorriqueños, porque fue por una ley congresional que puede ser enmendada o hasta derogada, para quitarle prospectivamente la ciudadanía a los bebes que nazcan en Puerto Rico', denunció.

Ramos coincide en que la propuesta presidencial plantea problemas de separación de poderes al abrir un debate que le corresponde al Congreso a la vez que reta la Constitución de EE.UU.

Mientras, el expresidente del Senado bajo la gobernación de Pedro Rosselló, insistió que el comentario de Trump no puede verse simplemente como una estratagema para volcar el favor de grupos radicales hacia un voto republicano.

'Pueda o no el Presidente hacer lo que parece una locura y una ignominia, lo cierto es que pone de manifiesto la fragilidad de la ciudadanía que ostentamos y que hasta ahora, nos ha mantenido en la isla como ciudadanos de segunda clase, con menos derechos, menos beneficios pero igual de responsabilidades con nuestros conciudadanos del norte', concluyó.