Mientras los municipios se mantienen vigilantes pero preocupados por la impugnación que la Junta de Control Fiscal (JCF) ha hecho a la Ley 29 de 2019 que los exime del pago al Sistema de Retiro y que daría una estocada final a los ayuntamientos si se deja sin efecto, el municipio de San Lorenzo inaugura un helipuerto.

El alcalde de San Lorenzo, Jose R. Román Abreu, inauguró el miercoles pasado el primer helipuerto en su ayuntamiento como parte de un proyecto que permitirá la construcción de más de estas estructuras por diversos barrios con miras a que ante algún evento ciclónico sea posible la llegada de suministros con mayor rapidez a ese pueblo. Mediante una inauguración, el alcalde anunció que el helipuerto mide 60' por 60' y que está situado en el barrio Espino a la vez que adelantó que persigue inaugurar otro en el barrio Cerro Gordo.

La construcción de estas facilidades estuvo a cargo de los Departamentos de Obras Públicas y Manejo de Emergencias Municipal y 'manos samaritanas' a un costo de $40,000, detalló el Ejecutivo Municipal a la vez que recordó los problemas que enfrentó para recibir suministros luego del paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017.

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'Luego de la emergencia vivida con el paso del huracán María no me podía quedar con los brazos cruzados. Este evento puso en evidencia la necesidad de tener acceso aereo a los diferentes barrios para llevar ayuda urgente a los residentes que quedaron incomunicados. Ya San Lorenzo tiene su primer helipuerto municipal certificado por la FAA (Agencia Federal de Aviación)', expresó Román Abreu durante la inaugruación del helipuerto Edmundo Vallejo Cruz, en honor al coronel retirado del Ejercito de EE.UU. y piloto de la Autoridad de Energía Electrica (AEE) natural de esta ciudad.

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Sin embargo, la preparación de los municipios en el pico de la temporada ciclónica se complica por sus finanzas. De hecho, San Lorenzo arrastra deficits millonarios en su presupuesto, según ha señalado la Oficina de la Contralora. El ayuntamiento obtuvo una 'C' en el Índice de Salud Fiscal de los municipios de la organización Abre PR y, notoriamente, ha invertido millones en la construcción de un coliseo que todavía no termina.

No obstante, el Alcalde optó por responsabilizar al Gobierno Central de la falta de recursos y la posterior precariedad en los recursos municipales.

'Como todos los municipios del país, San Lorenzo confronta las dificultades creadas como resultado de la delegación de mayores responsabilidades por parte del Gobierno Central y la no asignación de los recursos fiscales necesarios para atenderlas. De igual manera, la incertidumbre que prevalece sobre la decisión final que sobre la legislación que eximiría del pago de pensiones y la reforma de salud, dificulta la planificación financiera. Sin embargo, al día de hoy su presupuesto está cuadrado con los ingresos y gastos correspondientes', dijo el Alcalde.

Al momento, la jueza del caso de quiebras de Puerto Rico, Laura Taylor Swain, denegó una moción radicada por el Gobierno de Puerto Rico que buscaba desestimar la demanda de la Junta de Control Fiscal (JCF) por la Ley 29 de 2019, que eximía a los municipios de pago al Sistema de Retiro. Ante esa movida, la togada tiene ante sí el reclamo de la JCF, que indica que la Ley 29 es contraria a las disposiciones del Plan Fiscal certificado con relación a las aportaciones que los municipios y corporaciones públicas deben efectuar para el Sistema de Retiro y las aportaciones medicas, obligaciones que se incumplieron continuamente desde que comenzó a operar el sistema Pay Go.

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De concertarse la petición de la Junta, muchos municipios estarían en graves aprietos. De hecho, tan reciente como el jueves, el alcalde de Comerío, Josían Santiago, insistió en que su pueblo al igual que otros 30 o 40 municipios, están amenazados con desaparecer si la Junta prevalece en el tribunal federal y logra derogar la Ley 29.

Los alcaldes tambien señalan que la desaparición de municipios afectaría ciudadanos, precisamente ante eventos atmosfericos ya que fueron la primera línea de respuesta tras María, luego de que el sistema electrico y las comunicaciones colapsaran en su totalidad.

Pero la preocupación por la Ley 29 no es lo único que afecta en la actualidad a los ayuntamientos, la respuesta de las aseguradoras tras el ciclón que tocó tierra como categoría cinco tambien es un escollo en la recuperación. Ante esa realidad, el miercoles, el municipio de Aguadilla radicó una demanda de clase contra la aseguradora Mapfre Praico Insurance por su retraso en pagar las reclamaciones por daños causados por el huracán María, a la que próximamente pueden unirse los ayuntamientos de Moca y Toa Baja.

El alcalde del 'Jardín del Atlántico', Carlos Mendez Martínez, explicó que a casi dos años del ciclón la aseguradora ha pagado solo $2.6 millones de los $30 millones en daños reclamados en su municipio. El pleito radicado en el Tribunal Superior de Aguadilla fue presentado como una acción de clase a nombre de todos los municipios.

Ante todo este escenario, la gobernadora Wanda Vázquez Garced ha dicho a los alcaldes federados que está comprometida con los ayuntamientos, sin embargo, no ha enumerado medidas concretas para atenuar las diversas crisis municipales.

Por otro lado, la creación de condados firmada creada por el renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares mediante orden ejecutiva para la consolidación de pueblos, sigue en el limbo pese a que el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, alegó en agosto que Vázquez Garced la rechaza.

Puede leer la orden ejecutiva aquí.