Durante la vista pública más reciente sobre la controversia que rodea el mal manejo de suministros en el almacén de Ponce, encontrado tras fiscalización ciudadana el pasado 18 de enero, y tras una serie de testimonios incongruentes por parte de las partes involucradas, salió a relucir que varias de estas figuras podrían ser referidas a las autoridades pertinentes si se encuentra que mintieron bajo juramento al prestar sus testimonios ante la Cámara.

Por semanas, tanto la secretaria del Departamento de Justicia, Dennise Longo, como el designado secretario de Estado, Elmer Román, han estado bajo fuego por obstruir la pesquisa con versiones que se han probado contradictorias y faltas de evidencia; apuntando a movidas de la Gobernadora, Wanda Vázquez, quien, además de insistir en la confidencialidad, también se ha limitado a pedir “celeridad” en el proceso.

Ayer trascendió que pronto se harán referidos a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y al Departamento de Justicia.

La secretaria de Justicia, Dennise Longo Quiñones, sería referida al OPFEI, y los demás funcionarios podrían ser referidos a las agencias concernientes, como Justicia o Ética.

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Mira quiénes integran la lista de posibles referidos, y las razones que los llevaron ahí:

1) Dennise Longo Quiñones, secretaria del Departamento de Justicia (DJ): Desde el inicio de la pesquisa sobre suministros, se ha mostrado reacia a entregar el informe solicitado por la Comisión Especial de la Cámara para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico alegando que este tenía información “confidencial”. Esto luego fue descartado en la sentencia de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, quien expuso que el documento no incluye confidencia alguna, como tampoco implicaciones directas de ilegalidad cometidas por el entonces comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), Carlos Acevedo Caballero ni por ningún otro funcionario. Durante el proceso, Longo Quiñones también ha ofrecido versiones contradictorias para evitar entregar el informe, y la jueza en la sentencia señaló que ha mantenido una “actitud temeraria” para “inducir a error” al tribunal. De hecho, en la sentencia se explica que, contrario a lo que alegaba el Gobierno, sobre que la divulgación prematura del contenido del informe en controversia podría poner el peligro la seguridad de los agentes investigadores, el documento no tenía ni una mínima evidencia para sostener ese punto. “El Informe Preliminar es uno general que no identifica agentes investigadores, testigos, documentos o impresiones mentales en esos hallazgos», reza el documento emitido por la togada.

2) Elmer Román, secretario de Estado: Al momento de los hechos, era jefe directo de Carlos Acevedo cuando ejercía como Secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), pues NMEAD está bajo la sombrilla de esa agencia. Alegó, igual que otros funcionarios, como la Gobernadora Wanda Vázquez, desconocer sobre la existencia del almacén de suministros en Ponce, para luego decir que este no se utilizaba y que estaba escondido. Tras haber conocido del informe, remitió toda responsabilidad a Carlos Acevedo, ahora excomisionado del NMEAD. Sus declaraciones levantaron alarma sobre si entonces él también había fallado al no extender la vigilancia necesaria sobre los trabajos de Acevedo y NMEAD en general, implicándose en el esquema. Luego de esas declaraciones, y tras trascender que tenía conocimiento sobre los contenidos de dicho almacén, el aspirante a la candidatura a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado, solicitó a la Gobernadora la salida de Román del Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, Gónzalez se ha caracterizado por insistir en que el informe se mantenga confidencial aún cuando, según la sentencia de la jueza Lauracelis Roques Arroyo, no hay evidencia que sustente la necesidad de hermetismo sobre el documento.

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3) Héctor López Sánchez, Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE): A cargo del informe preliminar sobre el manejo del almacén de Ponce al DJ. Participó en la investigación encomendada por la Gobernadora el 18 de enero, día del “hallazgo” del almacén, y realizó entrevistas a testigos que son empleados públicos. Igual que la Gobernadora, el secretario de Estado y la secretaria del DJ, insistió que hacer público el informe sería un riesgo porque se pondría al descubierto personal del NIE y otros funcionarios. El representante y presidente de la Comisión Especial de Recuperación y Preparación Total, Gabriel Rodríguez Aguiló comentó que el NIE “no ha sido transparente” durante la pesquisa, pero que no procedería a referir a nadie hasta que no tenga acceso a su informe. De probarse que mintió bajo juramento, correspondería referirlo a Justicia o Ética.

4) Luis Cruz Ramírez, director de la División de Operaciones y Logística del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD): Durante la emergencia de los sismos en el sur de Puerto Rico, Cruz Ramírez era señalado como el encargado del almacén de suministros en Ponce. No obstante, habría testificado que no estaba encargado del almacén desde agosto de 2018, versión que fue cuestionada tanto por Joel Figueroa, jefe de Operaciones del NMEAD, y el entonces comisionado, Carlos Acevedo. Los testimonios de Figueroa y Cruz se contradijeron sobre en quién recaía la responsabilidad del almacén en Ponce, pero ambos coincidieron posteriormente al negar que eran los encargados del almacén y de sus suministros. Asimismo, coincidieron en que la existencia de este espacio era conocida por el gobierno.“Si alguien dice que yo tuve injerencia, eso es incorrecto porque tan pronto me quitaron las llaves, no tenía acceso”, dijo en vista pública de la Comisión Especial de Recuperación y Preparación Total, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, refiriéndose a que fue despojado de sus funciones y que se le pidió pasar el mando a Luis Torres Negrón, director de zona. Por esa razón radicó una querella ante la Comisión de Relaciones del Trabajo del Servicio Público. Esta todavía está activa, aunque sin adjudicación. Igual que en el caso de López Sánchez, si se determina que, en efecto, cometió perjurio, podría ser referido a las autoridades de Justicia o Ética.