La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional federal (DHS) todavía evalúa la respuesta del gobierno a la emergencia causada por los huracanes Irma y María en Puerto Rico en 2017 y emitieron dos auditorías en las que critican la falta de planificación y de controles en la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Vivienda (DV).

Aunque conectados con el azote de los huracanes en 2017, los señalamientos del OIG se refieren a deficiencias estructurales que se pueden repetir en cualquier movilización gubernamental de emergencia, incluyendo los terremotos de enero de este año y la propia pandemia por el coronavirus, para la cual ya se han activado las facultades de manejo de emergencia de FEMA.

En el caso de la auditoría del DV, toca fondos manejados bajo el controvertible programa Tu Hogar Renace.

La auditoría sobre FEMA, emitida el 23 de marzo, revela que la agencia engañó a líderes congresionales cuando aseguró que había cambiado sus procesos de contratación anticipada para atender emergencias, los cuales son objeto de una ley de 2007 hecha para corregir errores en la respuesta federal del huracán Katrina.

En el proceso de contratación anticipada, se pretende que FEMA no salga a contratar servicios y artículos solamente después de que ocurre una emergencia, sino que identifique elementos de respuesta de la emergencia que se pueden contratar de antemano para tener listos y así responder más rápido y efectivo a la emergencia. Estos contratos previos existen a nivel de agencia y se supone se activen en las distintas regiones cuando la emergencia lo amerite.

Sin embargo, según la auditoría, para María la agencia federal no cumplió con esta ley de 2007 en dos formas: no hizo un análisis previo al huracán de qué necesitaría tener listo específicamente para Puerto Rico y duplicó contratos, además de que la documentación de los contratos no se preservó de una manera que permitiera fiscalizar los artículos y servicios contratados.

“[I]dentificamos 49 de 241 contratos nuevos suscritos después del huracán María para los mismos bienes o servicios cubiertos por contratos adelantados. Además, (FEMA) no suscribió contratos previos nuevos para el huracán maría y no realizó un análisis para identificar bienes o servicios que se consiguieran con contratos previos”, dice la auditoría al adjudicar esto a la “falta de estrategia y de un proceso de planificación documentado” de parte de la agencia para maximizar los contratos previos lo cual pudo haber significado que bienes y servicios fueran atrasados o resultaran más costosos para el gobierno.

En su defensa, la cual la OIG no aceptó, FEMA indicó que estaba respondiendo a las directrices de dar contratos a suplidores y personal local, que está en la propia jurisdicción afectada por la emergencia. Sin embargo, un análisis de contratación federal en los 11 meses siguientes al impacto de María (20 de septiembre de 2017) que hizo el Centro para una Nueva Economía arrojó que solo 10% de los fondos federales habían ido a suplidores y compañías locales.

La auditoría no identifica las áreas que abarcan los 49 contratos examinados pero provee como ejemplos de contratación previa: artículos de limpieza, comida, transportación, servicios de comunicación, seguridad, y transporte.

En otro informe, emitido el 26 de marzo, la OIG critica la incapacidad del DV para registrar correctamente las horas regulares y extras que sus empleados trabajaron durante la emergencia, encontrando que fluctuaciones de cientos y hasta miles de dólares en pagos por debajo o por encima de las horas correctas.

Se trata de trabajos hechos con fondos federales del Programa de Asistencia Pública (PA) y aunque la auditoría es a FEMA, rebota en la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) porque la dependencia federal había delegado esa supervisión a su contraparte local para el manejo de fondos, COR3.

La diferencia neta entre las nóminas sobrepagadas y la subpagadas no representó pérdida considerable de fondos federales pero la auditoría advierte que “fallar en los controles de nómina aumenta el riesgo de que ocurran actividades fraudulentas sin que sean detectadas”.

Al 14 de diciembre de 2018, fecha límite de la auditoría, FEMA había obligado $665.6 millones en fondos de PA para Vivienda en áreas como remoción de escombros, medidas protectivas, gerencia estatal y el programa Tu Hohar Renace, que es el nombre local para el programa Sheltering and Temporary Essential Power (STEP) de FEMA.

La muestra de la auditoría fue de 19 empleados de un total de 123 y cubre nóminas pagadas entre septiembre de 2017 y diciembre de 2017. El documento no cubre otros aspectos relacionados a estos fondos como, por ejemplo, la realización de trabajos a los ciudadanos bajo Tu Hogar Renace.

El DV también fue objeto de una auditoría de la OIG del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal que criticó su capacidad para manejar contratos con los fondos federales de recuperación. La auditoría se realizó durante la incumbencia del exsecretario, Fernando Gil Enseñat, pero el funcionario que más directamente interactuó con la OIG fue el entonces subsecretario, ahora sucesor de Gil, Luis Carlos Fernández Trinchet.

En el documento, el DV contesta los señalamientos de la OIG pero esta oficina no aceptó la mayoría de los mismos como válidos. El DV señaló que la OIG se excedió en el ámbito de la auditoría, que no tomó en cuenta documentos provistos así como mejoras en los procesos y aumento de personal para robustecer su capacidad de manejo de fondos de recuperación bajo el programa Community Development Block Grant – Disaster Recovery (GDBG-DR). Estos fondos fueron otorgados a Puerto Rico con restricciones especiales que la Administración Vázquez Garced aceptó enfebrero de este año.