Se desconoce si el organismo dará seguimiento a la cancelación de compra de pruebas a la compañía 313, LLC, tal y como advirtió el 6 de abril.

“Nulos e inválidos desde sus inicios”. Esa fue la opinión de la Junta de Supervisión Fiscal tras enterarse de las cuestionables compras de pruebas rápidas realizadas por el Gobierno a suplidores sin pericia y con lazos al Partido Nuevo Progresista (PNP).

Sin embargo, la más reciente carta que el ente rector de las finanzas públicas de Puerto Rico emitió pudiera sugerir un cambio drástico a sus propias reglas sobre revisión de contratos que excedan los $10 millones.

Hace apenas cinco días y luego de que el organismo creado por la Ley Promesa recibiera una solicitud de NotiCel para que se expresara en torno a la posición de la gobernadora Wanda Vázquez Garced sobre que las órdenes no son contratos, la directora ejecutiva, Natalie Jaresko, cursó una misiva en la que le exigió que en un plazo de dos días su administración cancelara estos acuerdos.

Además, solicitó a la gobernadora que evidenciara que los fondos utilizados para pagar a las compañías Apex General Contractors y 313 LLC.fueran devueltos a la Reserva de Emergencia, por haber incumplido con su Política de Revisión de Contratos.

“Llegar a estos acuerdos como se describe arriba sin la consideración de los procedimientos aplicables o de prácticas básicas de adquisición, es inaceptable. Más aún, un análisis legal de los acuerdos en cuestión pudiera concluir que estos son nulos e inválidos desde sus inicios”, había manifestado Jaresko con contundencia en la misiva a Vázquez Garced, en la que incluyó al director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el licenciado Omar Marrero Díaz.

“La compra de kits de pruebas para #COVID19 no fue enviada para ser revisada en conformidad con la Política de Revisión de Contratos. Debe cancelarse y el Gobierno debe solicitar el reembolso inmediato de todos los fondos públicos desembolsados”, lee el mensaje colgado en la cuenta oficial de la Junta en Twitter junto a la carta con fecha del 6 de abril.

Sin ninguna explicación, la posición de Jaresko cambió hace dos días, de acuerdo a otra carta enviada al director de AAFAF, la cual certifica que el gobierno confirmó lo que ya se conocía: que la controversial orden para la compra de un millón de pruebas rápidas a Apex General Contractors había sido cancelada y que el adelanto de $19 millones fue devuelto por la compañía de construcción a las arcas del Estado.

Sobre el resto de los acuerdos contractuales para adquirir más pruebas y otros suministros médicos, los cuales de acuerdo a la Junta suman más $40 millones, Jaresko confirmó que el gobierno incumplió con el término de dos días previamente establecido para entregar la documentación necesaria.

Sin embargo, la Junta extendió hasta mañana lunes 12 de abril el término para que el Gobierno envíe la documentación, acción que abrió nuevamente la posibilidad de validar estos acuerdos a pesar de que serían enviados luego de su fecha de ejecución, lo cual es contrario a su política aplicable. Además, la misiva no menciona la existencia de nulidad o invalidez de estas compras realizadas.

“Estamos en el proceso… esperamos responderle mañana”, se limitó a expresar Edward Zayas, portavoz de prensa de la Junta Fiscal, el pasado viernes, 9 de abril, quien se comprometió a hacer entrega de todos los documentos que el Estado hizo entrega a la Junta.

Al momento de publicar este escrito, se desconoce si el Gobierno ha consultado alguna otra compra excedente a $10 millones, particularmente ante el silencio de la administración actual sobre las gestiones conducentes a reemplazar el millón de pruebas rápidas que no llegaron a la isla hace 12 días.

El pasado 13 de marzo, el ente fiscal autorizó al gobierno de Puerto Rico a que accediera al remanente de alrededor de $160 millones provenientes de la Reserva de Emergencia establecida en el Plan Fiscal certificado.

En específico, la Junta permitió su uso para gastos de emergencia relacionados al virus, “incluyendo preparación y detección, concienciación pública y mejoras a la capacidad del sector de salud pública”, de acuerdo a un comunicado de prensa emitido ese mismo día.

El 23 de marzo, la Junta aprobó el uso de $787 millones, los cuales se suman a la autorización para el acceso a la Reserva de Emergencia, para un total de $947 millones en fondos públicos.

Al momento, el Gobierno ha desembolsado $37.8 millones del Fondo de Emergencia de $160 millones. Se supone que el Gobierno emita informes semanales sobre los desembolsos a la Junta.