El periodo para solicitar acogerse a esta ventana de retiro temprano vence el 22 de enero de 2021, mientras la propuesta espera por la aprobación de la JCF.

El proceso de solicitud para que los empleados públicos puedan acogerse al retiro incentivado al amparo de la Ley 80 continúa. Ayer vencía ese periodo, pero el Gobierno extendió la fecha hasta el 22 de enero de 2021, mientras recopila información para presentar un análisis a la Junta de Control Fiscal (JCF), que alertó que este propuesta no cumple con el Plan Fiscal aprobado y podría desembocar en el despido de empleados para sufragar su costo.

Ante la advertencia de la JCF, el Gobierno frenó la implementación de la medida, que tendría el efecto potencial de sacar a 17,908 personas de la nómina gubernamental, que se ha ido achicando en los pasados años debido a la crisis gubernamental y a las múltiples ventanas de retiro temprano aprobadas como medida rápida para reducir costos.

“El Gobierno extendió el periodo de elección hasta el 22 de enero de 2021. Una vez se tenga el universo de empleados que se quieran acoger al retiro, la Administración de Retiro notificará a la Junta de Supervisión Fiscal el costo total de la implementación de la Ley 80. No se aprobarán transacciones de personal bajo dicha ley hasta que la Junta de Supervisión Fiscal apruebe el plan”, indicó la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafat) NotiCel a través de una oficial de prensa.

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En las postrimerías de última sesión del cuatrienio, la Asamblea Legislativa aprobó una medida para crear una ventana de retiro incentivada. El 3 de agosto, la gobernadora Wanda Vázquez Garced estampó su firma sobre el proyecto, que se convirtió en la Ley 80 o Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos”.

Esta legislación ofrece una ventana de retiro temprano los empleados de gobierno cobijados bajo la Ley 447 del 15 de mayo de 1951 y la Ley 1 del 16 de febrero de 1990. Ofrece una pensión vitalicia equivalente al 50% del salario de los últimos tres años y una aportación al plan médico de $100 hasta los 62 años.

Son elegibles 6,934 empleados de la Ley 447 y 10,974 de la Ley 1, según datos de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, que calculó que la medida redundaría en ahorros ascendentes a $1,400 millones durante los próximos 30 años.

Los números de la JCF pintan otro cuadro. Lejos de una reducción presupuestaria, el ente fiscal estimó que la Ley 80 -y otras dos medidas que extienden otros beneficios de retiro podrían- incrementará los gastos gubernamentales en $8,300 millones durante las próximas tres décadas.

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La discrepancia en los números parece responder a la fórmula que siguió el Gobierno para estimar el ahorro. Durante las vistas de transición gubernamental, el el jefe de la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, Luis Collazo Rodríguez, reconoció que ese estatuto se aprobó sin evaluar la cantidad de empleados esenciales que el Gobierno y los municipios tendrían que contratar nuevamente para cumplir con sus obligaciones, un escenario que afectará la proyección de ahorros.

Esa evaluación se hará ahora al contabilizar las peticiones de retiro, que están recibiendo las agencias y los ayuntamientos, luego que la JCF cuestionó los estimados de ahorros.

Ni la Aafat, ni la JCF ofrecieron ayer una fecha para la entrega del análisis del impacto de la Ley 80.

Lo que queda claro, según trascendió en las vistas de transición gubernamental, es que la puesta en vigor de ese estatuto podría dejar inoperante al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales porque perdería a la mitad de su plantilla de empleados. El Departamento de Agricultura quedaría sin agrónomos, mientras que para el Departamento de Corrección y Rehabilitación serían “inmanejables” sus obligaciones si los 1,057 empleados civiles que cualifican aceptan la propuesta que les garantiza una pensión del 50% de su salario.

El Departamento de Justicia perdería 114 de sus 1,369 empleados y la salida de más empleados agudizaría la crisis en el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

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