En una acción fuera de lo común, el gobierno de los Estados Unidos busca recobrar dinero malversado en esquema de contratación ilegal.

En una movida legal que no se había visto recientemente en la isla, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico demandó al Gobierno de Puerto Rico para recuperar fondos malversados como parte del esquema de corrupción que se ejecutó en el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) durante la Administración García Padilla.

La utilización de recursos civiles para complementar, o sustituir, procesamiento criminal de actos públicos ilegales o corrupción había sido una promesa del nuevo fiscal federal, W. Stephen Muldrow, quien durante su incumbencia en la fiscalía federal de Tampa había usado el método para recuperar cientos de millones en fondos federales.

La demanda radicada el martes llega después de que la fiscalía procesara criminalmente a siete personas quienes llegaron a acuerdos y se declararon culpables antes de que la evidencia en fuera sometida a un jurado. El exsecretario del DRD, Ramón Orta Rodríguez, también se declaró culpable y fue sentenciado en enero pasado a 18 meses, seis de ellos en cárcel y 12 en confinamiento domiciliario.

Parte de los hallazgos cuando Orta Rodríguez se declaró culpable es que no se había beneficiado personalmente del esquema. Con la demanda del martes, fiscalía federal plantea que el que se benefició ilegalmente fue el DRD, por lo que piden una sentencia contra el gobierno para que devuelva $2,399,220.00 en fondos federales y pague una multa de $23,331, así como intereses. Los $2.3 millones representan triple daño de la cantidad original de $799,740 que habría sido desviada.

Técnicamente, el recurso de fiscalía federal se conoce como una demanda por facturación falsa a la inversa (“reverse flase claims act”). En una reclamación por facturación falsa regular, una entidad somete una factura falsa al gobierno federal. Pero en la modalidad “inversa”, la entidad se queda con dinero que debió haberle pagado al gobierno.

El argumento de la fiscalía es que el DRD “se ha rehusado activamente” a devolver los fondos federales que obtuvo fraudulentamente cuando recibió dinero del Departamento de Educación federal para llevar a cabo unos programas y, en vez de usar el dinero completo y ejecutar los programas con personal del mismo departamento, subcontrató el trabajo pagándole menos a corporaciones que no pasaron por un proceso competitivo y quedándose con la diferencia entre lo que recibió de Educación federal y lo que pagaron a los subcontratistas.

Sin hacer referencia al caso criminal contra Orta Rodríguez, la fiscalía se basa en una auditoría de la Oficina del Contralor y una pesquisa de la Oficina del Inspector General de Educación federal para sostener que entre 2013 y 2016, el DRD, a través de Orta Rodríguez y su ayudante Edgardo Vázquez Morales, procuraron y obtuvieron fondos Título I de Educación federal para llevar a cabo varios programas. Una condición de los fondos era que el trabajo lo realizara el DRD y no entidades subcontratadas. Pero $10.5 millones de esos fondos recayeron en Rosso Group, Inc., una empresa que el coacusado Oscar Rodríguez Torres creó para acceder a las propuestas de adiestramiento a estudiantes y maestros ejecutadas con los fondos.

La demanda sostiene que el DRD realizó una falsa representación a Educación federal al consignar que podía ejecutar las propuestas sin subcontratación y también violó la ley al adjudicar los contratos a Rosso sin seguir un proceso de competencia y al instruir a la empresa a someter facturas que no la identificaran como el proveedor para que el DRD pudiera someter esas facturas como si la agencia hubiera ejecutado el trabajo.

“Oficiales del DRD crearon licitaciones falsas y postdataron otros documentos que contenían información falsa en un intento de encubrir la manera en que el DRD había adjudicado los contratos a Rosso, y para hacer ver como si se hubiera realizado un proceso competitivo para adjudicar los contratos a Rosso”, se alega en el recurso judicial.

En 2018, un caso similar resultó en que la Universidad de Puerto Rico devolviera $1.8 millones en fondos federales. Además, relacionado al caso de Orta Rodríguez, el Comité Olímpico también tuvo que hacer una restitución monetaria en un proceso extrajudicial.

Para ver la demanda, pulse aquí.