El Gobernador exhorta a la JSF a recapacitar y a desistir de su intención de recortar las pensiones de los jubilados.

La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, no tiene quien le escriba.

Ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez aseguró que no responderá a su misiva exigiendo que confirme a más tardar de hoy al mediodía que derogará la Ley del Retiro Digno y que se abstendrá de implementar el estatuto. Sencillamente leyó unas expresiones que dijo Jaresko conocerá a través de los medios de comunicación.

Ante la amenaza del ente fiscal, apostó a una estrategia de negociación que aseguró permitirá costear las pensiones de los jubilados del servicio público del sobrante que quedará una vez culmine la renegociación de la deuda del Gobierno.

“La Cámara de Representantes de Puerto Rico está comprometida con la búsqueda de iniciativas para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y los retirados. El Proyecto de la Cámara 120 mejor conocido como el Proyecto del Retiro Digno es una de muchas medidas que busca cumplir con las aspiraciones de nuestra gente”, afirmó a preguntas de NotiCel.

“Lo importante es alcanzar la meta trazada, mientras se dilucida la controversia sobre la medida, nosotros ahora nos enfocaremos en negociar la garantía de beneficios de los retirados sin recortes a las pensiones en la reestructuración de la deuda del Gobierno central, la cual requiere del respaldo de la Legislatura”, agregó.

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El mes pasado, la Asamblea Legislativa aprobó el Proyecto de la Cámara 120, que impone parámetros de negociación de la deuda y establece un Fideicomiso para la Administración Conjunta de los Sistemas de Retiro, que consolidaría los recursos y las obligaciones de las pensiones del servicio público. El 9 de junio, el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia estampó su firma sobre la medida para convertirla en la Ley 7 del 2021.

Desde el inicio, la JSF objetó la medida.

Al defender el estatuto, Hernández Montañez señaló que la Ley se concibió y aprobó para otorgar a los retirados y retiradas “el derecho” de reclamar en los tribunales cualquier menoscabo a sus pensiones.

“Eso va a abrir la puerta a una controversia litigiosa así que ya nosotros cumplimos nuestra parte. La próxima etapa, estamos hablando de 60 o 90 días, requiere acción legislativa”, apuntó.

Esa acción legislativa se refiere al Plan de Ajuste de la Deuda, que limita el recorte a las pensiones de $1,500 en adelante.

“En esa transacción del Gobierno central para renegociar la deuda se van a gravar un sinnúmero de recursos que tiene disponible el Gobierno y se van a liberar recursos. Cuando se liberen esos recursos, nosotros vamos a negociar”, indicó en rueda de prensa desde su oficina luego de ofrecer detalles sobre una demanda incoada en contra de LUMA Energy.

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“Nosotros vamos a negociar. Vamos a llegar a un entendido, a puntos de encuentro con la Junta de Control Fiscal para simultáneamente cuando se apruebe la transacción del Gobierno central, nosotros podamos aprobar una resolución que mitigue el corte a las pensiones, que puede estar rondando -si se sube el umbral $2,000 en adelante-, en los recortes del 10% u 8.5%, y lo podamos sustituir con el sobrante de la transacción y evitar que los jubilados sean impactados”, agregó.

Aseguró que este curso de acción permitirá atender el problema de la insolvencia de las pensiones y que un intento de la JSF de acudir ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien atiende la quiebra de la isla, para que anule la Ley resultará infructuoso.

“En esa transacción, al nosotros aprobar legislación, se hará académico el reclamo en el tribunal porque resuelve el problema”, indicó Hernández Montañez.

Un día después de que Jaresko reclamó a la Legislatura revertir esa Ley porque choca con el Plan Fiscal aprobado, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, también defendió la Ley del Retiro, aunque contrario a su homólogo del Cámara, responderá a la misiva de la directora ejecutiva de la JSF.

“Jaresko anticipó que ella no apoyaba esa Ley. Nosotros hacemos nuestra gestión como legisladores y ella su gestión como directora de la Junta de Supervisión Fiscal”, indicó.

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“Voy a atender la carta. Yo la recibí ayer (miércoles). Se la di a mis asesores y estoy esperando asesoría… Yo tengo que mantener abierto el canal de comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal”, abundó.

Pierluisi Urrutia, por su parte, reiteró su oposición al recorte de las pensiones e invitó a la Junta a recapacitar su posición “pues ya los retirados sufrieron un recorte sustancial en el 2013”.

Señaló que evalúa diversos escenario y que “en su momento” presentará una solución para atender el dilema del retiro. Reconoció también que no existe ambiente para aprobar legislación que afecte los derechos de los pensiones, quienes han visto sus pensiones menguar en el proceso de la quiebra gubernamental.