El secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, dijo hoy que, aunque el Gobierno no considera “razonable” el cargo de entre $23 y $26 mensuales en la factura del servicio de energía eléctrica como parte del proceso de reestructuración de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), “algo se tiene que pagar”.
El también director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) sostuvo que la posición del Gobierno de Puerto Rico es que cualquier cargo debe ser razonable y que por eso el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia optó por entrar en el proceso de litigio, porque ninguna de las propuestas anteriores era aceptable, incluyendo el cargo antes mencionado.
»Por eso mismo, en abril pasado rechazamos el tercer acuerdo que teníamos sobre la mesa…Ninguno quisiera un aumento. No obstante, sabemos que luego de este proceso de ocho años de moratoria, algo se tiene que pagar. Pero ese algo tiene que ser razonable, tiene que ser sostenible”, dijo Marrero Díaz en entrevista en Jugando Pelota Dura (TeleOnce).
El funcionario subrayó que antes de establecer cuál será la cantidad que Puerto Rico tendría que pagar, primero se debe establecer “si los acreedores de la AEE tienen preferencia” y segundo “si las reclamaciones que ellos tienen son válidas”, pero aceptó que, debido a que los ingresos de la AEE provienen de su tarifa, cualquiera que sea el monto final, tendrá un impacto en el bolsillo de los abonados.
“Decir lo contrario sería mentirle al país”, sostuvo.
Fue el abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), licenciado Rolando Emanuelli Jiménez, quien dio a conocer el lunes la propuesta que consideraba un cargo de entre $23 y $26 dólares mensuales para sufragar el pago a los acreedores de la AEE.
Ese pago se extendería por 50 años y podría aumentar debido a que estarían sujetos a las fluctuaciones del costo de vida.
Marrero Díaz señaló que, por tratarse de un proceso confidencial, no se habían revelado los detalles del proceso de mediación, pero aseguró que las propuestas sobre la mesa nunca fueron aceptadas, precisamente, porque no eran razonables.
“Cuando se acaba la mediación, el gobernador dijo claramente que vamos al litigio, porque ese ‘algo’ que se vaya a pagar al final del proceso, tiene que ser razonable. No era razonable 70% de recuperación que estaban pidiendo los bonitas. No era razonable los 2.6 centavos que equivalen a los 23 dólares”, añadió.
“Ahora bien, si la juez desestima el caso, eso sí sería un pandemónium porque no vamos a tener el beneficio de la paralización automática y no tendríamos la oportunidad de reestructurar nuestra deuda”, finiquitó.
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