La licenciada Lisoannette González tiene pendiente una queja ética ante el Tribunal Supremo y una querella anónima que expone que compró propiedades en efectivo sin que sus planillas reflejaran los correspondientes ingresos.

La secretaria designada del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Lisoannette Marie González Ruiz, realizó tres compraventas de propiedades en efectivo por $220,000 entre 2018 y 2022 sin tener capacidad económica para ello, según una querella que se presentó en el Departamento de Hacienda.

La abogada, quien llegó a la agencia en diciembre de 2022, tiene también pendiente en el Tribunal Supremo una queja que le presentó el cantante Elvis Crespo Díaz, padre de uno de sus tres hijos, porque en el litigio que tuvieron por alimentos ocultó la amistad estrecha que tenía con una de las juezas que tomó determinaciones en el proceso.

González Ruiz dijo a NotiCel tras la vista en el Senado para evaluar su confirmación el lunes que no conocía la querella por la compraventa de las propiedades y que el dinero provino de “mis ahorros y ayuda de mi mamá”. Indicó que la información estaba reportada en sus reportes financieros ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), pero no proveyó copia de los mismos. “No voy a entrar en detalles sobre mi vida privada”, acotó.

Sobre la queja disciplinaria, aseguró que la había contestado, pero tampoco proveyó el documento ni su abogada, Daisy Calcaño, contestó mensajes al respecto.

Crespo Díaz planteó que su pleito por pensión cambió de juez en varias ocasiones por conflictos que se le levantaban a jueces que conocían a González Ruiz. De pronto, supieron que la nueva jueza era Leila Rolón Henrique cuando esta emitió 13 órdenes en febrero de 2023. José Frank Nazario Nazario, padre de otro hijo de González Ruiz y quien tiene su propio proceso pendiente contra esta por relaciones de familia, fue el que le informó al cantante que la nueva jueza era amiga de su expareja desde al menos unos 15 años y que, incluso, la jueza conocía y había tenido relación directa con el hijo del cantante, quien era el sujeto del litigio. En marzo de 2023, la jueza Rolón Henrique accedió a inhibirse mediante una resolución en la que no mencionó la relación de amistad con González Ruiz.

Aunque la Comisión de Nombramientos celebró vista el lunes sobre la designación, todavía el Tribunal Supremo no le había certificado la existencia de la queja ética y tampoco habían recibido la querella que se presentó en Hacienda.

El documento detalla tres transacciones e incluye escrituras para dos de ellas. El 14 de junio de 2018, González Ruiz pagó $55,000 en efectivo para adquirir lo que sería su residencia principal en Santurce. El 22 de octubre de 2021 pagó $85,000 en efectivo para adquirir una casa y terreno en el sector Joyuda de Cabo Rojo. Y el 1 de junio de 2022 entregó $80,000 en cheques para adquirir otro solar con estructura en Santurce. En todas compareció como compradora única y en la última fue notario el actual secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Hiram Torres Montalvo.

“El confidente tiene conocimiento personal sobre el hecho de que la contribuyente (González Ruiz) no ha rendido contribución sobre ingresos anuales que expliquen la capacidad para haber desembolsado en efectivo y al contado el precio de las compras descritas. No lo hizo para los años contributivos cuando fueron efectuadas las transacciones, ni para los año contributivos anteriores; nunca desde su primer año como contribuyente. Asimismo, el confidente tiene conocimiento personal de que la contribuyente no cuenta, ni ha contado nunca, con alguna cuenta de ahorros o depósitos bancarios que hayan servido como fuente para dichos desembolsos”, señala la querella.

NotiCel identificó a la persona que se querelló sobre la compraventa de propiedades y corroboró que tiene conocimiento directo sobre González Ruiz e, incluso, incluyó copia de las planillas de la funcionaria en la querella, pero la persona reclamó la protección de su identidad. Los ingresos brutos que la funcionaria reportó en sus planillas son: $7,781 (2018); $18,071 (2019); $14,426 (2020); y $13,448 (2021).

En su desempeño breve como secretario designado de DACO, Torres Montalvo llevó a González Ruiz a la agencia como subdirectora en diciembre de 2022 y la abogada ascendió a la dirección después de que el gobernador retirara el nombramiento de este en abril de 2023. Antes, González Ruiz ejercía como abogada en la práctica privada y tuvo contratos en la Cámara de Representantes con el representante Jorge Navarro Suárez y en el Departamento de la Familia bajo la exsecretaria Carmen González Magaz.

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