Entre el 2018 y abril del 2023 se pagaron casi $1 millón en salarios que no correspondían. Estos pagos se efectuaron a empleados que se ausentaban y no contaban con balances en sus licencias.

Un empleado del Departamento de Justicia cobró $103,350 de fondos públicos mientras se ausentó, por enfermedad, del 2019 al 2021 sin contar con el balance para cobrar la astronómica suma de dinero, reflejó una auditoría de la Oficina del Contralor sobre las operaciones del Departamento de Justicia.

El informe revela que al 29 de agosto de 2022 quedaba un balance de cuentas por cobrar de $864,275, o sea, un 94% del la total de cuentas por cobrar relacionadas con el pago indebido de salarios entre el 2013 al 2022. Estos pagos se efectuaron a empleados que se ausentaban y no contaban con balances en las licencias de enfermedad ni vacaciones.

Sobre el empleado que cobró $103,350, se indica en el informe que su supervisor era un fiscal de Distrito y que el secretario auxiliar de Recursos Humanos, conocían la situación de falta de balance pero no suspendieron el pago de nómina hasta el 2021.

Además, del examen de 10 cuentas por cobrar que suman $261,799 se evidenció que no se descontaron del salario la cantidad adeudada en dos cuentas, no se realizaron gestiones de cobro en siete cuentas y no se encontraron los referidos de gestiones judiciales de cobro en nueve cuentas. Estas situaciones provocan que las cuentas se acumulen y con el tiempo se conviertan en incobrables.

La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia no cuenta con reglamentación interna desde el 2004, refleja el informe. Esta reglamentación debe contener disposiciones sobre los propósitos, la organización administrativa, y deberes y responsabilidades de la División, según la Oficina del Contralor. Además, la Orden Administrativa que crea la División no contiene disposiciones necesarias sobre el registro de referidos y querellas. El hecho de que el personal no cuente con información precisa sobre las tareas pudo contribuir a la demora de hasta 11 años en el proceso de los casos, según la Contraloría.

El informe comenta que para el periodo auditado, se identificaron 131 casos activos en proceso de investigación con demoras de 2 a 11 años. Los funcionarios indicaron que los casos se posponen para atender los referidos por el Panel del Fiscal Especial Independiente que deben referirse en un término no mayor a seis meses. Además, los empleados indicaron que las investigaciones son extensas, la cantidad de fiscales es insuficiente, los cambios de fiscales afectan el seguimiento, y que los casos pierden importancia al no tener suficiente evidencia para radicarlos, entre otras razones.

Por otro lado, la auditoría publica que no se realizaron los inventarios físicos anuales de la propiedad en diversas dependencias desde el 2018, no se aclararon las diferencias con Hacienda y la propiedad adquirida para el edificio central valorada en $2,897,050 no tenía número de propiedad. Además, al 10 de enero de 2023, el secretario de Justicia no había solicitado al Departamento de Hacienda el nombramiento de un encargado en propiedad.

El Informe devela que tras la aprobación de la Ley 143-2014, Ley para Garantizar la Comunicación Efectiva entre los Componentes de Seguridad de 2014, no se había aprobado ni remitido a la Asamblea Legislativa el plan de trabajo para implementar las medidas dispuestas en la Ley. El plan debía ser presentado por el Comité Intergubernamental presidido por el secretario de Justicia, y compuesto por funcionarios principales de Tribunales, Policía de Puerto Rico, Corrección y Rehabilitación, Familia, Transportación y Obras Públicas, Ciencias Forenses y Salud. La ley permitiría un intercambio efectivo de información para alcanzar el máximo funcionamiento del Sistema de Información de Justicia Criminal adscrito al Departamento de Justicia.

Los auditores detectaron deficiencias que afectan la integridad y resta confiabilidad en los datos del registro de casos investigados en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor. Por ejemplo, se identificaron 897 saltos entre los números de los casos y en 171 casos no se registro la fecha de recibo.

Al 28 de junio de 2023, el Departamento de Justicia tenía 138 demandas por $110,648,310 pendientes de resolución por los tribunales.

Del 1 de julio de 2018 al 30 de abril de 2023, el Departamento de Justicia contó con asignaciones de fondos por $811,027,000 y realizó desembolsos por $564,326,914.

Este primer informe del Departamento de Justicia, cubre el periodo del 1 de enero de 2018 al 30 de abril de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.