Sin embargo, siguen ofreciendo sus servicios al Departamento de Corrección y Rehabilitación por un contrato que asciende entre los $45 a $50 millones.

La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, reconoció que la agencia contrató hace siete meses, a un costo de $450,000 a una firma externa para evaluar el desempeño de Physician Correctional porque hay dudas de su ejecución.

El contrato de Physician Correctional es de $73.7 millones.

UTIcorp fue la escogida y es la misma que está evaluando el expediente médico de Hermes Ávila Vázquez, quién está acusado de matar a una mujer, siendo la segunda de su abultado historial delictivo y quien fue excarcelado bajo la Ley 25.

Según el contrato firmado entre el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) y UTIcorp, cuya presidenta es Sylvette Rivera García, la empresa tiene la responsabilidad de administrar, auditar y dar seguimiento a los contratos vigentes con el Programa de Salud Correccional.

UTIcorp también tiene contratos este año fiscal con la Corporación del Fondo del Seguro del Estado ($150,000) y la Administración de Compensacion por Accidentes Automovilísticos ($148,000).

“Yo los contraté hace cerca de unos siete meses aproximadamente porque había en un momento dado la necesidad de revisar cómo estaba cumpliendo en cada una de las clásulas (Physician Correctional). Había unas dudas con relación a los servicios prestados y como el personal no cuenta con los servicios especializados en la auditoría de expedientes médicos, pues se contrató esta compañía”, explicó la secretaria en el programa Primer Round por Magic 97.3.

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Physician Correctional es la empresa a cargo del sistema de salud de los confinados y qe está bajo la lupa tras dejar libre a un asesino convicto que aparentemente burló a su personal de médicos proyectando que sufría de una enfermedad terminal. Sin embargo, sigue ofreciéndole servicios al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

“Physician Correctional continúa ofreciéndole servicios a la población correccional como hasta el día de hoy bajo contrato”, dijo Escobar Pabón.

El contrato de Physician Correctional asciende a entre los $45 y $50 millones.

Ahora UTIcorp, según Escobar, se dedicará analizar todas las pruebas médicas, laboratorios, intervenciones con el paciente para así determinar que prosigue.

Se le cuestionó las razones del por qué no dejó que el Departamento de Justicia se hiciera cargo de la investigación, a lo que contestó que para que Justicia pueda entrar a una investigación debe haber un evento criminal, así como una investigación administrativa previa.

Aún así, aseguró que si Uticorp encuentra irregularidad o asuntos criminales bajo Physician Correctional, enviará todos los expedientes a Justicia para que profundice.

Mientras, en el tema del oficial que autorizó la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, la secretaria reveló que ya fue relevado de sus funciones y se limitó a dar más detalles.

“Yo no lo firmé ni lo evalué. La firmó un funcionario y no voy a dar el nombre porque está bajo un proceso de investigación. No puedo proveer la información porque no quiero afectar el proceso investigativo que se está llevando a cabo”, sostuvo.

Según Escobar Pabón, ya el oficial no tiene la facultad de firmar ninguna excarcelación de las personas que vayan a participar de los programas de desvío por condiciones de salud.

“Ante este evento ocurrido, como parte de las alternativas que yo tomé de manera preventiva fue relevarla del poder firmar y la otra fue el hecho de detener la salida de los miembros de la población correccional hasta el 8 de mayo, dando la oportunidad de revisar cualquier reglamentación vigente y aplicable que podamos enmendar para elevar el rango para que esa facultad esté por el secretario auxiliar del programa y servicios y no de un director de oficina”, puntualizó.

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