El contratista debía tener una penalidad por no cumplir su meta de cobro, pero contraloría indica que no se le penalizó.

Un contratista de la Administración de Servicios Médicos (ASEM) que se supone cobrara millones de dólares a las aseguradoras por servicios prestados en el Centro Médico se quedó corto en esa gestión pero, aún así, la corporación pública no le impuso las penalidades que disponía el contrato, según un informe de la Oficina del Contralor (OC).

La empresa contratada es Continium Care Solutions, Inc. (CCS) y su presidente es Melvin Acosta Román, un donante del Partido Nuevo Progresista (PNP), el gobernador Pedro Pierluisi, el representante José “Pichi” Torres Zamora y el exsenador Henry Neumann Zayas, según el registro de la Oficina del Contralor Electoral.

En este cuatrienio, CCS fue beneficiaria de incentivos en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y, además de ASEM, tuvo contratos con Servicios Médicos Universitarios, Inc., el Centro de Cáncer, Recinto de Ciencias Médicas, Departamento de Salud y la Corporación del Centro Cardiovascular.

La auditoría de la OC cubre el contrato con ASEM y el señalamiento es que la meta de cobros a las aseguradoras era de $36.5 millones, pero la empresa solo cobró $22.4 millones, provocando un déficit de $14.3 millones con relación a la expectativa.

Este déficit activaba una disposición en el contrato de que a la empresa tenía que cobrársele el 10% de la diferencia entre meta y recaudo real. El contrato venció en marzo de 2023 sin que se le cobrara la penalidad, según el informe de la contraloría.

“La ASEM no contó con los recaudos que se propuso como meta durante el primer año (del contrato) y tampoco impuso a la compañía la penalidad de $1,438,0763 para atender sus gastos operacionales. El director ejecutivo no se aseguró de cobrar la penalidad establecida en el contrato. Además, el director de Recursos Fiscales no tomó medidas a tiempo de acuerdo con la información provista por la compañía en sus informes mensuales sobre la cantidad de recobros que realizaban”, indica el informe en referencia al exdirector ejecutivo, Jorge E. Matta González.

Además, ASEM continuó con la relación con CCS a pesar de que no tenían la cantidad de empleados que se obligaron a tener en el contrato, no tenían vigentes las pólizas de seguros pactadas y sometían informes mensuales de gestión que no contenían información suficiente o no estaban certificados.

En respuesta al informe, Matta González alegó que sometió a un auditor externo, Galíndez LLC, la revisión de cuál era la penalidad debida por incumplimiento y que dicho auditor concluyó que eran realmente $780,567.98, los cuales supuestamente no se le han pagado a CCS. El exfuncionario aceptó los demás hallazgos sobre el contrato, mientras que el secretario de Salud, Carlos Mellado López, no contestó el borrador de auditoría de la OC.

Adicional a los comentarios suyos que incluía el informe, el director ejecutivo dijo a NotiCel que “los reiterados incumplimientos del pasado contratista motivaron que ASEM no ejerciera la cláusula de extensión del contrato, procediendo a la búsqueda de una nueva empresa. Se condujo un proceso de Solicitud de Propuestas (RFP) y se contrató a una nueva compañía que ha marcado una diferencia positiva en la facturación, cuenta con el personal necesario y ha mejorado significativamente los procesos de facturación y cobro”. De esta manera, plantea que sí actuó contra CCS.

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