Levantan la voz como parte de la celebración del mes del profesional de trabajo social.

La presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Krystal Pérez Martínez, hizo un llamado en el inicio del mes del profesional de trabajo social para reclamar mejores condiciones laborales y de justicia salarial.

El colegio, que es quien regula la profesión en el país, desea integrarse en la toma de decisiones legislativas, para evitar que se sigan vetando u aprobando medidas legislativas que no benefician a los trabajadores sociales.

Actualmente, Puerto Rico cuenta con 7,600 trabajadores sociales aproximadamente.

“Nosotros atendemos necesidades específicas del país en diferentes comunidades y estamos en diferentes escenarios y a pesar de que nosotros estamos capacitados para poder manejar y sabemos cómo podríamos disminuir estos problemas sociales, no tenemos la capacidad de recurso material, recurso humano y recurso económico para poder ser efectivos y así poder disminuir o eliminar estos problemas sociales”, expresó Pérez Martínez en entrevista con NotiCel.

Pérez Martínez aseguró que en Puerto Rico todavía la profesión de trabajo social se mantiene por debajo del salario requerido, a pesar de la sobre carga laboral.

“Yo sé de entidades privadas que están buscando trabajadores sociales con maestría y están ofreciendo $10.50, el mínimo. Yo sé de personas que han reportado que están cobrando $1,000 y $1,200 mensuales. Estas personas a veces se tienen que buscar un segundo trabajo que no siempre es de trabajo social”, aseguró.

Historia relacionada: Descolegian a los trabajadores sociales por “promover agendas políticas”

“Yo como presidenta he tenido dos trabajos también porque el dinero no da. Así que, este es el reclamo mayor y una de las cosas que necesitamos que el gobierno y la Junta de Control Fiscal vea que invertir en esta profesión es invertir en el país, porque a medida que nosotros podamos mejorar las condiciones de vida del país, el país puede desarrollarse y puede crecer. Pero, tienen que invertir en la profesión que les va a ayudar a eliminar todas esas necesidades…”, apuntó.

La presidenta relató que las grandes agencias como el Departamento de la Familia (DF) tiene grandes necesidades en el reclutamiento de estos profesionales precisamente por las mismas circunstancias.

“Lamentablemente, eso todavía es una realidad. En muchas ocasiones, por ejemplo, el DF y el Departamento de Educación (DE), son las agencias públicas que más contratan los trabajadores sociales en Puerto Rico y estas trabajadoras sociales nos están reportando que tienen más de 20 casos (para atender al mismo tiempo). Yo tengo trabajadoras sociales que están en una escuela solos con 700 estudiantes…», denunció.

En cuanto al tema de reforzar medidas legislativas a favor de los trabajadores sociales, la presidenta dijo estar consciente de los proyectos de ley que quedaron en el tintero en la pasada sesión y que buscará retomar la lucha a inicio de sesión.

“Nosotros estamos sumamente pendientes de cuáles son las legislaciones y leyes que nos ayudan a proteger los derechos humanos y cuando nosotros vemos una comunidad que le hace falta algo porque esa ley o estas leyes no le están proveyendo lo que necesitan, nosotras tenemos que levantar voz y decir, hey, esto hay que cambiarlo y necesitamos mejorar esta ley para que esta comunidad pueda ser mejor protegida…», dijo la presidenta.

El primer proyecto que se mantiene sobre la mesa es el P de la S 893 que fue vetado por el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y que el colegio busca rescatarlo en la siguiente sesión.

Historia relacionada: Solo hay 332 trabajadores sociales para atender a miles de adultos mayores

Esta medida era para establecer la “Carta de derechos de los y las Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico”; establecer la facultad de la Procuraduría del Trabajo, reconocer la legitimación activa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social en Puerto Rico, entre otras disposiciones.

El P de la S 893 era de la autoría de Elizabeth Rosa Vélez, Rosamar Trujillo Plumey, Juan Zaragoza, Migdalia González Arroyo, José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén y María de Lourdes Santiago Negrón.

Mientras, la otra medida es el P de la S 894 es relacionada a la justicia salarial para los profesionales de trabajo social.

La medida es para crear la “Ley de salario base para los y las profesionales del trabajo social en Puerto Rico” para establecer un salario base para los profesionales del trabajo social tanto en el sector público como en el sector privado.

La pieza legislativa se quedó en la Comisión de Hacienda, Asuntos federales y Junta de Supervisión Fiscal, que preside el senador Juan Zaragoza.

Pérez Martínez puntualizó que seguirán mano a mano dando la lucha para lograr llevar la voz de justicia para todos los trabajadores sociales de Puerto Rico.

“Estamos desde el colegio abiertos al diálogo y estamos en la total disposición para poder conversar precisamente sobre estos asuntos. Pero más allá, también solicitamos que nos recluten a nivel político para nosotros hacer asesoramiento de proyectos para que entonces puedan tener un mejor entendimiento del efecto dominó que estas leyes, estas políticas públicas tienen y cómo se reflejan en las comunidades que nosotros atendemos al día”, concluyó.

Historia relacionada: Familia no respalda que trabajadores sociales trabajen a distancia