Secretario saliente de Agricultura también pidió que liberaran a la agencia de tener que hacer compras centralizadas a través de la Administración de Servicios Generales.

Con pasaje comprado de ida, sin vuelta, para unas vacaciones en enero, el secretario de Agricultura saliente, Ramón González Beiró, decidió que las vistas de transición anoche serían el foro apropiado para denunciar que una de las dependencias a su cargo, la Autoridad de Tierras (AT), se ha pasado el cuatrienio tratando de complacer a los legisladores que pusieron allí un barrilito oculto y que está bajo investigación criminal.

La expresión del funcionario sobre el Fondo de Mejoras Municipales (FMM) fue una espontánea, con el aparente propósito de quitarse un peso de encima. Durante los interrogatorios del comité de transición entrante, conocidos por su extensión y por oscilar entre atropellantes y tertulianos, nadie hizo preguntas sobre este episodio controvertible y que está en discusión pública desde al menos 2022.

El FMM fue el mecanismo que la legislatura del Partido Nuevo Progresista (PNP) instauró por legislación en el cuatrienio pasado, y que la del Partido Popular Democrático (PPD) mantuvo este cuatrienio, para que los legisladores pudieran repartir decenas de millones de dólares en fondos públicos a quien quisieran y como quisieran. Antes, las asignaciones de ayuda por parte de los legisladores requerían una resolución que iba a discusión y votación en los plenos de los cuerpos. Ahora, cada legislador envía comunicaciones directas a la AT para ordenar los desembolsos lejos del ojo público. El dinero viene del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU).

“La (AT) es una corporación de arrendar tierras agrícolas y de promover la agricultura y está envuelta en este proyecto de manejar alrededor de $30 millones para 56 legisladores y no tiene el expertise ni la capacidad de hacerlo. Y nosotros hemos hecho de tripas, corazones. En el 2022 paralicé el programa, eliminamos la directora de finanzas, la directora ejecutiva, por serios problemas fiscales allí y manejo de fondos. Hay referidos al Departamento de Justicia, hay casos en el FEI (fiscal especial independiente) y la contralor está allí y va a sacar un informe al final de este mes. Pero la autoridad no tiene la capacidad para manejar ese programa y los directores, subdirectores y todo el personal se enfocan en trabajar, y lo digo a calzón quita’o porque eso es lo que me caracteriza, en trabajar para los políticos y complacerlos. Y tampoco lo logran, porque son tanto dinero y tantas peticiones, que no hay forma de complacer a todo el mundo. Mi recomendación como secretario saliente y presidente de la junta (de la AT) es que legislen y se lleven ese programa a una agencia que tenga competencia con ayuda directa a ciudadanos y a municipios. Y lo más seguro me van a caer chinches pero, como yo voy para casa”, descargó González Beiró.

El planteamiento no tuvo eco en los miembros del comité entrante. Cuando la operación del FMM saltó a la discusión pública en 2022, el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Bernardo Márquez, lideró la fiscalización y el liderato popular en la Cámara de Representantes hizo aguaje de reformas que quedaron en nada. Lo único que se convirtió en ley fue una flexibilización para que los legisladores pudieran usar hasta un 50% de su distribución de este fondo para ayudas directas (con la otra mitad yendo a proyectos municipales). La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) también pidió documentos para evaluar el uso de este fondo, pero ninguna medida pública ha surgido de esa intervención.

González Beiró fue uno de dos jefes de agencia que NotiCel identificó como donantes de la gobernadora entrante, Jenniffer González Colón, aunque la habían criticado durante la campaña primarista entre ésta y el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. El miércoles en la noche, tanto el secretario de Agricultura, como el secretario interino del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Roberto A.J. Méndez Martínez, tuvieron comparecencias sin la tirantez que ha caracterizado a otras sesiones en estas vistas.

Un planteamiento de González Beiró que sí tuvo eco en el comité entrante fue su queja contra la Administración de Servicios Generales (ASG) por la lentitud y burocracia que le ha inyectado al proceso de compras en la agencia. Como parte de una reforma avalada por la JSF, las compras y contrataciones de casi todo el gobierno quedaron centralizadas en ASG, cuya administradora tiene ahora un nombramiento de 10 años, distinto a antes que era de libre remoción como cualquier otro jefe de agencia.

La contención del secretario con este arreglo surge particularmente en el área de compra de productos agrícolas para suplir a comedores escolares. “Lo que más trabajo nos ha dado es que ADEA (Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias) compre y venda productos agrícolas a través de la ASG. Es un embudo insostenible… yo no puedo hacer nada, tengo las manos atadas. Agricultura no puede estar sujeto a compras a través de Servicios Generales”, exclamó, a la vez que celebró que, aún así, ya están vendiendo $50 millones anuales en productos agrícolas locales que entran a la bandeja de comedores escolares.

Además de liberar a Agricultura de la ASG, González Beiró planteó que otro asunto urgente para la administración entrante es ajustar el precio del café importado. Entre las metas que propuso, y que parecieron tener acogida en el comité entrante, está impulsar proyectos de energía renovable integrados a terrenos agrícolas para beneficio del propio agricultor, mantener los mercados familiares que se realizan junto al Departamento de la Familia y que han recibido críticas por los precios de los productos agrícolas que ofrecen, e impulsar los sectores de pollos, huevos y carne de cerdo, así como proyectos de genética animal (manipulación de cruces genéticos y embriones).

“Dentro de poco tiempo vamos a ser número uno en genética natural. Hoy somos número uno en biotecnología de plantas y de producción de semillas para todo el mundo. Así que Puerto Rico se vislumbra como un eje principal en lo que es genética animal y genética de plantas”, afirmó sobre esto.

Durante el turno del secretario interino del DRNA, resaltó la falta de personal que tiene la agencia en todas sus áreas operacionales (con 879 plazas vacantes) y que la JSF le está asignando menos presupuesto del que han pedido para poder atender una cartera de responsabilidades que se ha ido aumentando con el paso de los años, cuando se le integraron la Junta de Calidad Ambiental, la Autoridad de Desperdicios Sólidos y el Programa de Parques Nacionales. La cantidad de personal que tienen ahora implica que cada área de la agencia trabaja con aproximadamente el 60% de las personas que necesita.

El grupo administrativo saliente pidió al gobierno entrante que tomaran como prioridad la revisión y aprobación del informe de recomendaciones que preparó el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, y que la Legislatura actual ha dejado sin atender. Pero los miembros del comité entrante se mostraron escépticos en que se pueda aprobar y cumplir por el estimado de $6,300 millones en costos que conllevan las recomendaciones.

“Mirándolo por encima, se necesitaría el presupuesto del gobierno Puerto Rico de los próximos 15 años con una Junta de Control Fiscal, con un país que está pasando por una quiebra que todavía no hemos terminado de lograr salir de la etapa más complicada hasta lograr salir de la Junta de Control Fiscal. Si le ponemos fecha a esto, no se va a lograr. Esa es la realidad. Tenemos que ser honestos. Yo quisiera que todo fuera perfecto. Pero la realidad es que esto cuesta una cantidad de dinero astronómica”, expresó el presidente del comité entrante, y alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.

Nadie durante la sesión mencionó el caso, todavía pendiente en el DRNA, contra los suegros de la gobernadora electa por violaciones ambientales en una propiedad en La Parguera.

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