Luego del anuncio de la administración de Donald Trump de cancelar o modificar acuerdos de supervisión federal a cuerpos de seguridad en varias jurisdicciones señaladas por violaciones de derechos civiles.

La reforma estructural de la Policía de Puerto Rico podría enfrentarse a un escenario incierto tras la decisión de la administración de Donald Trump de descontinuar o revisar acuerdos federales de supervisión a cuerpos policiales locales, como parte de una nueva política que reduce la intervención del Departamento de Justicia en jurisdicciones acusadas de violaciones a derechos civiles.

Aunque Puerto Rico no fue mencionado expresamente entre los casos que serán abandonados, la gobernadora Jenniffer González Colón, sostuvo ayer que ya hizo gestiones formales ante la Casa Blanca.

“Le pedí a la administración del presidente Trump, a su Casa Blanca y a su directivo de justicia que sacaran a Puerto Rico de la reforma de la Policía y hay otros pleitos que pudieran estar ahí”, expresó la mandataria.

Sus expresiones se dieron en respuesta a una pregunta de NotiCel, que abordó directamente la preocupación sobre si Puerto Rico será incluido en esta nueva directriz del gobierno federal y cuál es la postura de la gobernadora ante la posible cancelación de un proceso de reforma que aún está activo ante el Tribunal Federal.

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“Todavía estamos en conversaciones. El presidente ha hecho una expresión más amplia de cumplir con su compromiso programático de eliminar muchas de estas demandas (…) Nosotros tenemos que documentar. Yo he tenido conversaciones con los funcionarios a cargo en el Departamento de Justicia Federal sobre esto. Pero tenemos que esperar la determinación final que la va a tener, en este caso, el Departamento de Justicia. Nosotros pedimos participar ahí, pero hay que entregar ciertas documentaciones”, añadió González Colón.

El viraje de la Casa Blanca también afecta a jurisdicciones como Minneapolis y Louisville (donde murieron George Floyd y Breonna Taylor), así como Phoenix, Memphis y otras ciudades donde se han documentado graves fallas institucionales.

La decisión federal ocurre justo antes del aniversario del asesinato de Floyd, que marcó un punto de inflexión en el reclamo por justicia racial y rendición de cuentas policial.

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