Para Lourdes Lynnette Gómez Torres no hay más excepciones en el marco legal, lo que significa que constituye un acto ilegal si una mujer desea practicarse un aborto por decisión voluntaria.

La secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Lynnette Gómez Torres, está firme en su posición de que la práctica del aborto en Puerto Rico es ilegal, exceptuando si la paciente se practicó o tiene planes de practicarse un aborto por asuntos médicos.

La controvertible posición de la secretaria, que lleva arrastrando desde su vista de nombramientos, es que bajo el marco legal vigente que regula el aborto en Puerto Rico y está contenido en los artículos 98, 99 y 100 del Código Penal, no hay más excepciones para justificar la práctica del aborto que no sea por asuntos médicos.

"Nosotros entendemos que el aborto es ilegal si no se dan los estatus que hay en el 98, 99 y 100, pero hay unas excepciones. Si el médico le dice a la madre, tu vida está en riesgo, hay que practicarte un aborto y el consentimiento informado es que la madre está de acuerdo y consciente de lo que está haciendo, pues entonces no constituye delito", expresó la secretaria en el programa de Primer Round por Magic 97.3 fm.

En otras palabras, si una mujer desea practicarse un aborto solo por voluntad propia, constituiría un delito, según Gómez Torres.

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"Eso no está bajo las excepciones que están en los artículos, no es bajo mi criterio, es bajo la ley que nos rige actualmente. Nosotros no hemos recibido al día de hoy una querella de que estas clínicas estén actuando ilegalmente... nosotros vamos a ejecutar bajo la ley vigente", sostuvo.

La secretaria insistió que su norte es estar alerta con las clínicas de aborto y actuar tan pronto reciban una querella de que se actúa de forma ilegal.

"Pueblo versus Duarte, nosotros entendemos que está revocado por Dobbs, que estableció que el aborto no es un derecho constitucional, que son los estados que van a establecer la legislación de política pública sobre ese particular. Actualmente la ley que rige a Puerto Rico son los artículos 98, 99 y 100 del Código Penal. Eso tiene unas excepciones que es que la salud de la madre esté en riesgo y haya consentimiento informado", destacó.

"Yo quiero establecer que aquí las clínicas de aborto se presume que trabajan legalmente, son reguladas. No es que vamos a salir a cerrar esas clínicas. No, eso no es así... sin embargo, si a nosotros nos llegara alguna querella o una situación que se está trabajando ilegalmente, la vamos a investigar", agregó.

La Legislatura de turno está evaluando precisamente un proyecto de ley que pretende establecer un protocolo obligatorio para regular los abortos de menores de 15 años.

La propuesta requiere la intervención de padres, notificación a agencias estatales y validación médica como precondiciones para permitir la terminación de un embarazo en adolescentes.

El Proyecto del Senado 297, de la autoría de la senadora Joanne Rodríguez Veve, está bajo la consideración de la Cámara de Representantes y ya fue aprobado en el Alto Cuerpo.

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