Mediante una carta que entregó a la mano al presidente del Senado, Yael Huertas Pérez exige se atienda la falta de programas a primeros ofensores y denunció las fallas graves en los servicios médicos de Physician Correctional.

Desde la institución 501 en Bayamón, el confinado Yael Huertas Pérez, expolicía municipal de Guaynabo, entregó personalmente una carta al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, solicitando una reunión urgente con la gobernadora Jenniffer González Colón y el secretario de Corrección, Francisco Quiñones Rivera.

Su reclamo es tan claro como contundente: que se atienda el abandono sistemático al que están sometidos los confinados que, como él, cumplen su primera condena y mantienen buena conducta.

En su testimonio, Huertas dejó claro que el sistema penitenciario no ofrece programas ni oportunidades reales de rehabilitación para quienes no tienen historial de uso de sustancias.

“Carecemos de programas y servicios debido a que lo abarcan mucho los grupos”, expresó a NotiCel, añadiendo que muchos de esos programas requieren haber sido adicto, lo cual excluye a otros perfiles de confinados.

Huertas Pérez propuso crear un programa exclusivo para quienes han sido funcionarios públicos, como él, que laboró durante 10 años en la policía municipal, incluyendo el tiempo en que enfrentaba su proceso judicial.

A su reclamo por rehabilitación se suma una denuncia concreta: las fallas médicas bajo el contrato de Physician Correctional.

“No hay internistas, no hay doctores. El Centro Médico Correccional es un poquito desastroso”, afirmó en entrevista con NotiCel.

El expolicía municipal de Guaynabo detalló que los confinados esperan largas horas en celdas frías antes de ser atendidos, que las consultas son por telemedicina, que no hay atención ortopédica para condiciones como la suya —una operación de espalda— y que en muchos casos, la respuesta médica se limita a entregar «Tylenol» antes de dar de alta.

Las expresiones de Huertas contrastan directamente con los alegatos de Physician Correctional, empresa que ha recurrido a los tribunales para frenar la cancelación de su contrato, acusando al gobierno de tomar represalias políticas.

Sin embargo, desde la celda, Huertas deja claro que los problemas van más allá de políticos: son humanos. Denunció que sus derechos y los de muchos otros están siendo pisoteados bajo un sistema que, históricamente, no ve a las personas confinadas como sujetos con dignidad, sino como almacenamiento de seres humanos.

Asimismo, reclamó medidas básicas para mejorar su calidad de vida y pidió que su madre, Elizabeth Pérez, quien funge como empleada del municipio de Guaynabo, pueda asistir como portavoz en caso de concretarse una reunión con los jefes de gobierno. Según indicó, Rivera Schatz ya se reunió con ella y con el secretario.

Huertas no pidió privilegios. Lo que pidió fue ser visto. Ser escuchado. Tener el derecho y el acceso a lo que algunos compañeros privados de su libertad han tenido: rehabilitarse y trasformar sus vidas.

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