Los reclamos descansaban en la falta de oportunidades reales una vez salían del sistema correccional.

El gobierno de Puerto Rico defendió una nueva política pública dirigida a ampliar las oportunidades laborales para personas con convicciones al permitir su contratación por empresas privadas mediante la recién firmada Ley 60-2025.

La legislación, que modifica la Ley 166-2009, fue aprobada con el argumento de que brindará mayores herramientas de rehabilitación, a la vez que atiende la escasez de mano de obra en sectores como la construcción, la agricultura y la manufactura.

Según la administración de Jenniffer González Colón, el cambio busca transformar al Estado en facilitador de reintegración social para la población correccional, promoviendo su participación en proyectos productivos fuera del entorno carcelario.

La medida fue firmada por la mandataria en el complejo correccional Bayamón 501, donde se destacó la iniciativa del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como autor de la legislación.

La gobernadora aseguró que la ley “amplía las oportunidades de rehabilitación”, al exponer a los confinados a tareas con responsabilidad y estructura, y sostuvo que ello podría facilitar su inserción laboral una vez culminen sus sentencias. Rivera Schatz, por su parte, defendió la iniciativa como parte de una política de “segunda oportunidad” y de una “reinserción real y responsable”.

No obstante, la narrativa gubernamental sobre un sistema que provee herramientas suficientes para la transformación personal contrasta con múltiples denuncias que han surgido desde el propio sistema penal, donde algunos sectores han señalado que los programas de rehabilitación no son igualmente accesibles para todos.

De hecho, en fechas recientes, se han levantado reclamos desde la población correccional sobre la exclusión de confinados sin historial de adicción en los programas existentes, así como sobre la falta de iniciativas adaptadas a personas que cumplen su primera condena y mantienen buena conducta.

De igual forma, ha habido críticas a la fragmentación y desigualdad en el acceso a los servicios médicos, lo cual ha puesto sobre la mesa preocupaciones más amplias sobre las condiciones de vida en las instituciones penales y los derechos fundamentales de las personas confinadas.

Pese a estas tensiones, el gobierno apuesta a que la implementación de esta ley, ahora extendida al sector privado, servirá como puente para transformar vidas mientras, en paralelo, suple necesidades económicas del país. Bajo el nuevo marco, empresas con o sin fines de lucro podrán contratar confinados para trabajar en tapicería, soldadura, reciclaje, costura, mecánica y otras labores, siempre y cuando garanticen condiciones básicas de trabajo y entrenamiento.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) estará a cargo de coordinar los acuerdos contractuales y supervisar la ejecución del programa, pudiendo retener hasta un 20% del salario devengado por los confinados para cubrir gastos administrativos y de seguridad. Asimismo, deberá rendir un informe anual al Senado y la Cámara con estadísticas de participación y recomendaciones futuras.

La implementación efectiva de esta ley —y su promesa de rehabilitación— ahora queda bajo el escrutinio de si logrará cubrir los vacíos estructurales que por años han limitado la transformación genuina de quienes viven tras las rejas.