La sentencia ratifica la facultad concedida a la Comisión para reglamentar e imponer sanciones administrativas y criminales contra los negocios que operen tragamonedas de forma ilegal.

El Tribunal de Apelaciones de San Juan determinó que son válidos los reglamentos de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico que regulan la operación de las máquinas tragamonedas, y establecen el cobro por las licencias a los operadores de estos equipos, informó el director ejecutivo del organismo Orlando Rivera.

La decisión, con fecha del 29 de noviembre, revoca un fallo del Tribunal Superior de San Juan que declaró nulos los reglamentos 9174 y 9175, ambos de 2020, los cuales fueron impugnados por un grupo de operadores de máquinas ilegales.

La sentencia igualmente ratifica la facultad concedida a la Comisión mediante la Ley Núm. 11 de 1933, Ley de Máquinas de Juegos de Azar, para reglamentar e imponer sanciones administrativas y criminales contra los negocios que operen tragamonedas de forma ilegal.

“Exhortamos a los negocios a que legalicen las operaciones de sus equipos, a través de un operador de máquinas de juegos de azar debidamente certificado por la Comisión. La decisión del Tribunal de Apelaciones dejó claramente establecido que la Comisión puede vender y cobrar derechos por las licencias para la operación de los equipos, según dispone la ley, y eso es lo que estamos haciendo”, declaró el director ejecutivo de la Comisión.

“Continuar la operación ilegal de las tragamonedas es algo sumamente injusto con los operadores autorizados por la Comisión, que cumplen con la ley y pagaron por el derecho de tener las licencias correspondientes. Los comerciantes además se exponen al pago de multas, que van de $5,000 a $20,000, a la confiscación de las máquinas y al encausamiento criminal, que conlleva penas de seis meses a un año de cárcel”, agregó el funcionario.

El pasado mes de febrero la Comisión emitió las primeras 100 licencias a los operadores que se sometieron al proceso de licenciamiento y fueron declarados dueños mayoristas. El costo mínimo de una licencia asciende $150,000, ya que por ley el dueño mayorista debe poseer un mínimo de 100 máquinas, y cada uno de los marbetes que deben ser adosados a las máquinas cuesta $1,500. Un operador puede tener un máximo de 250 máquinas.

Con posterioridad a la certifcación de los operadores, la empresa Electronic Games radicó una demanda contra la Comisión en la que alegó que la agencia carecía de autoridad legal para adoptar reglamentos, debido a que el proceso de reglamentación comenzó bajo la Companía de Turismo, que regulaba anteriormente los juegos de azar.

El director ejecutivo de la Comisión declaró que “ahora comenzaremos la función de fiscalización que nos confiere la ley”. Rivera anunció que próximamente culminarán las reuniones con el Departamento de Justicia y la Policía para completar la coordinación de los operativos contra los negocios que operen máquinas sin licencia.

El funcionario explicó que las rondas de inspección a los comercios se llevarán a cabo próximamente. Agregó que los que operen máquinas sin marbete serán citados por la Policía, para acudir ante los tribunales, por violación a la Ley de Máquinas de Juegos de Azar. Estos comerciantes se exponen a ser procesados criminalmente por la comisión de delitos menos graves, y graves de ser reincidente, según dispuesto en el estatuto que legalizó las máquinas en ruta, según dijo.

“Nuestro objetivo es erradicar la operación de las máquinas ilegales”, dijo el funcionario. Aunque es difícil calcular la cantidad de máquinas no autorizadas, por su misma naturaleza de ilegal, se calcula que podrían llegar a 85,000 en toda la isla.