Como defensa a las actuaciones de la Administración Rosselló sobre el contrato de OPG Technology Corp. en el Departamento de Hacienda (DH), el nuevo secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, dijo que el pleito judicial de la pasada administración contra OPG no había sido adverso a OPG y que había espacio para la transacción que eventualmente se hizo en la que, en esencia, el DH concedía a OPG lo que la empresa pedía en el pleito.

Pero el expediente judicial y una moción del propio DH dejan claro unos hechos totalmente distintos a las expresiones de Llerandi. Aún más, dejan claro que OPG buscó atrasar la resolución del caso para obtener del DH condiciones distintas con la administración entrante de Ricardo Rosselló Nevares comparado a las que había conseguido con la administración anterior.

El 1 de octubre de 2016, tres meses antes del cierre del año pero todavía con las elecciones por delante, el juez federal Jay García Gregory adjudicó finalmente la decisión del magistrado Bruce McGiverin de que OPG no tenía razón en su solicitud de prohibir al DH seguir adelante con su plataforma de venta digital de sellos y comprobantes. OPG había desarrollado una plataforma similar bajo un contrato con el DH, pero el Gobierno desarrolló su propio sistema de ventas digitales y OPG intentó detener el uso porque supuestamente el Gobierno le había copiado el programa. El magistrado McGiverin primero, y el juez García Gregory despues, le dijeron a OPG que no tenía razón.

Esta decisión del tribunal NotiCel la reportó en exclusiva el viernes pasado y, el lunes en una conferencia de prensa, Llerandi presentó su nueva representación del expediente judicial sobre por que no había problema con que la nueva administración diera el contrato a OPG.

'Para aclarar, no hubo una decisión del juez adjudicando la decisión del caso. Hubo unos asuntos de mociones y unos asuntos en específico los cuales el juez federal sí se expresó, pero en cuanto al caso como tal no hubo una decisión final y eso quiero que este bien claro. Porque se ha dejado entrever que tras una decisión adversa en el Tribunal Federal hubo luego una transacción extrajudicial para finiquitar el caso. De hecho, el juez había expresado a las partes que tenían hasta cierto día, no tengo aquí si fue el 15 o 16 de marzo, para expresarle al tribunal si había posibilidades de llegar a un acuerdo y eso fue lo que hizo tanto el contratista como el (DH) despues de haber consultado a Justicia y obtener oipiniones legales externas', dijo Llerandi.

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Pero fue OPG la que pidió al juez que todo el caso se paralizara en ese momento porque quería que llegara la nueva administración. Eso fue el 2 de diciembre de 2016, un mes despues de las elecciones y dos semanas antes de que se anunciara la designación de Raúl Maldonado Gautier como secretario de Hacienda. 'Se va a necesitar tiempo y espacio para que los esfuerzos de transacción tengan una oportunidad de exito o, por lo menos, que una nueva oferta de transacción de parte de OPG reciba la consideración que se merece', dijo la empresa en una moción en la que pide una paralización de 60 días porque en medio de la transición administrativa Hacienda no iba a tener tiempo o no iba a querer considerar cualquier oferta transaccional que le mandara OPG para resolver el caso.

Para ver la moción de OPG, pulse aquí:

El propio Gobierno de Puerto Rico, a traves de Hacienda, se opuso a esa solicitud de más tiempo para una transacción.

'Primero que nada, en este caso no hay nada que transigir y, como tal, una transacción sería un ejercicio en futilidad. (El informe del magistrado McGiverin), adoptado por este honorable tribunal, convincente y preponderantemente establece que los reclamos de OPG contra el DH con relación específica a su programa y su sello, son virtualmente inexistentes, si no completamente infundados. Consecuentemente, y considerando el estado de la economía de Puerto Rico, el DH no tiene razón para entablar negociaciones transaccionales, ya que ya había advertido que no quiere revertir al sistema de venta de sellos y comprobantes de rentas internas usando el programa de OPG ni usar a OPG como un agente de venta', dice el documento de la abogada de Hacienda, Jeannette López de Victoria.

Para ver la moción de Hacienda oponiendose a tiempo para transigir, pulse aquí:

Ante esto, el juez García Gregory dijo el 24 de diciembre que no iba a paralizar el caso. Es decir, nunca se concedió un termino específico de negociación antes de que cambiara el gobierno en enero de 2017.

Pero entonces, el 3 de enero de 2017, primer día hábil del nuevo año y primero de la nueva administración, OPG pide una reunión para transigir el caso diciendo que la semana anterior, con Maldonado Gautier ya designado jefe de Hacienda, había presentado una nueva oferta transaccional directamente a los oficiales de la nueva administración.

Tras esto, Hacienda aceptó una transacción en la que, a pesar de la decisión de McGiverin, le concede a OPG la propiedad intelectual del programa de computadoras que Hacienda había desarrollado, le da derecho exclusivo para explotar esa tecnología y ese mercado de venta digital de sellos y comprobantes por 10 años; y le concede un aumento en la comisión que cobra.

Para ver la moción de Hacienda despues del cambio de gobierno, pulse aquí:

En marzo de 2017, Hacienda firmó los contratos vigentes con OPG que dieron por terminado el caso que ellos mismos presentaron.

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