A esta grave situación en la ASUME se añade que solo un manejador de la agencia puede llegar a responsabilizarse de hasta 1,600 casos activos de la dependencia pública.

Un panorama desolador se vive en la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), a la luz de los antecedentes revelados hoy por la administradora Nicole Martínez ante la Comisión de Nombramientos del Senado, que evalúa su designación.

Martinez reveló que hay un retraso en el beneficio de pensión alimenticia para 68,474 menores, mientras que 21,170 niños no están recibiendo el beneficio porque no hay una orden emitida por la agencia.

“Son casos sin orden”, dijo la funcionaria sobre estos infantes, mientras que de los padres no custodios con orden de pensión alimenticia establecida informó que hay 128,912 casos (los de mujeres suman 5,506) y, de ellos, 114,940 tienen algún tipo de retraso.

Aclaró que estos padres no custodios con retraso “pueden tener un plan de pago ejecutado con el que estén en cumplimiento”.

Sobre las medidas que puede tomar la agencia para evitar que estas cifras sigan subiendo, la administradora mencionó la suspensión de la licencia de conducir, así como la profesional y el pasaporte, ya que “si hay una deuda de más de $2,500 se reporta al gobierno federal”.

Incluso, dijo que cuando hay un ganador de un premio de la Lotería, para que la persona reciba el dinero debe haber una certificación de deuda negativa con la ASUME.

Además, indicó que aquellas personas que se van a Estados Unidos, sin que se sepa su paradero, la agencia cuenta “con un programa federal para búsqueda y, además, puede contratar a una compañía externa que encuentra a estas personas de distintas formas, como por ejemplo a través del seguro social”.

Consultada sobre por qué la ASUME no ha emitido una orden para los padres de los menores que no están recibiendo su pensión alimenticia, comentó que se debe a distintas circunstancias, como por ejemplo “porque no se ha localizado a la persona, o porque hay argumentos de derecho o hay un proceso de presentación de pruebas. No es siempre porque no se están trabajando”.

Y la situación se agrava al conocerse la grave escasez de personal en la ASUME, que cuenta con un presupuesto asignado para el año fiscal 2022-2023 de $37,695,000 de los cuales $16,489,000 provienen del Fondo General (incluyendo asignaciones especiales) y $21,206,000 de fondos federales.

A su vez, anualmente ASUME recibe entre $3 y $4 millones de dólares en concepto de incentivos federales de acuerdo al cumplimiento programático y financiero para uso suplementario de las operaciones.

Sin embargo, el dinero no alcanza. La agencia que en 2004 tenía 836 empleados hoy cuenta con 369, de los cuales 148 son especialistas en pensiones alimenticias (manejadores de casos) y hay apenas dos empleados en la Oficina de Presupuesto de la ASUME.

La agencia tiene 174,600 casos activos y cada especialista, según dijo Martínez, debe atender de 1,100 a 1,600 casos (varía dependiendo de la región).

Frente a la situación, la administradora designada admitió que “con reclutar 29 especialistas más (el proceso que se está llevando a cabo) no se resuelve el problema” (luego reconocería que para bajar la cifra a 500 caso se necesitarían al menos 350 manejadores más).

“Es inadecuado que un especialista atienda 1,100 casos activos. No es efectivo. Pero todas las áreas son medulares y todas tienen carencia de personal”, acotó.

Para atajar la falta de personal, declaró que además de los 29 especialistas de pensiones alimenticias se contratarán seis oficiales de pensiones alimenticias y cinco supervisores de oficiales de pensiones alimentarias.

La ASUME es un componente del Departamento de la Familia que está encargada de localizar a las personas no custodias obligadas a proveer alimentos a menores de edad y fijar paternidad cuando es necesario para exigir el cumplimiento de la obligación de proveer alimentos.

También la agencia es responsable de establecer, modificar y revisar las pensiones alimenticias, así como cobrarlas y distribuirlas.