Brasil suspende trabajos a petrolera Chevrón
Río de Janeiro.- La Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de Brasil anunció hoy la suspensión temporal del permiso de perforación de nuevos pozos a la estadounidense Chevron por el vertido de crudo ocurrido hace dos semanas.
La suspensión durará 'hasta que se identifiquen las causas y los responsables por el derrame de petróleo y sean restablecidas las condiciones de seguridad en el área' del Campo de Frade, en el Atlántico, donde ocurrió el accidente, según un comunicado del ente regulador.
La medida no incumbe a las actividades necesarias para el abandono del pozo afectado, según la ANP, que acusó a la empresa de cometer malas prácticas y de haber sido negligente en la perforación y en la elaboración y ejecución de un plan de seguridad.
El secretario de Medio Ambiente de Río de Janeiro, Carlos Minc, dijo hoy que la ANP estudia inhabilitar a Chevron para participar en nuevas licitaciones en los próximos cinco años, aunque el regulador no ha confirmado que estudie tomar esta medida.
Minc también aseguró, en una rueda de prensa con los medios extranjeros, que la Policía Federal analiza la posibilidad de presentar cargos penales contra siete directivos de la compañía, que podrían enfrentarse a condenas de hasta cuatro años de prisión.
El vertido de Chevron comenzó el pasado día 8 en un pozo del Campo de Frade, supuestamente por un error de cálculo de la compañía en la presión ejercida en la perforación de la roca.
Chevron calcula que se vertieron al mar 2.400 barriles de crudo, aunque las autoridades de Río de Janeiro creen que se pudieron haber derramado cerca de 15.000 barriles.
La compañía ha dispersado o recogido la mayoría del crudo que subió hasta la superficie y la mancha de crudo, localizada a unos 120 kilómetros del litoral de Río de Janeiro, prácticamente se ha dispersado ya, según dijo hoy Minc.
El Instituto Brasileño de Medio Ambiente (Ibama) multó el pasado lunes a Chevron con 50 millones de reales (unos 28 millones de dólares), la ANP estudia aplicar otras dos sanciones por esa cuantía y el Gobierno de Río va a presentar una demanda civil para pedir una indemnización de 100 millones de reales (unos 56 millones de dólares).