Londres – El Gobierno británico anunció el domingo que prepara una regulación que obligará a las compañías de telecomunicaciones a revelar la identidad de los usuarios de internet investigados por la policía.

Los proveedores deberán entregar a las fuerzas de seguridad los detalles ligados a una determinada dirección IP para facilitar la labor de identificación de sospechosos, detalló la ministra de Interior, Theresa May.

La responsable de la seguridad británica afirmó que los investigadores policiales han ‘perdido capacidades’ en las que ‘siempre habían confiado’ a raíz de las nuevas tecnologías, lo que a sus ojos representa un ‘gran peligro’.

La normativa permitirá a los agentes conocer quién estaba usando un ordenador o un teléfono móvil en un determinado momento.

‘Esta ley es la oportunidad de resolver problemas muy reales que existen alrededor de la resolución de direcciones IP y es un paso en la buena dirección para superar la brecha que en general existe en la información digital’, señaló May.

En abril de 2013, la ministra conservadora se vio forzada a abandonar un proyecto de ley que obligaba a las compañías a guardar datos de los usuarios durante un año ante la oposición de sus socios en el Gobierno, los liberaldemócratas del viceprimer ministro, Nick Clegg.

En esta ocasión, los ‘Lib Dem’ se han mostrado favorables al nuevo marco legal: ‘Esto es exactamente el tipo de cuestión que se debe abordar’, señaló un portavoz del Partido Liberaldemócrata, que consideró que el anuncio del Ministerio de Interior ‘son buenas noticias’.

La directora de la organización defensora de los derechos de privacidad ‘Big Brother Watch’, Emma Carr, consideró por su parte que ‘es perfectamente razonable que la policía tenga la capacidad de ligar una dirección IP a una persona que está siendo investigada’.

‘Con todo, si se requiere disponer de esa capacidad, entonces (la ley) debería estar sujeta a una amplia consulta y a un escrutinio comprensivo con la industria y la sociedad civil, algo que ha faltado hasta la fecha cuando se trata de habilitar nuevos poderes para la vigilancia’, afirmó Carr.