Australia se encuentra a un paso de conceder mayores poderes a sus servicios secretos para vigilar internet y sancionar con hasta con diez años de prisión a quienes revelen detalles sobre operaciones secretas, en el marco de una serie de leyes para luchar contra el terrorismo.

El Senado pasó la noche del jueves la polémica Ley de Enmiendas a la Legislación sobre Seguridad Nacional y se prevé que será aprobada sin problemas la semana próxima en la Cámara de Representantes, en donde tiene mayoría la coalición gobernante del primer ministro conservador, Tony Abbott.

Para el fiscal general de Australia, George Brandis, la legislación supone la actualización más importante de las leyes de seguridad realizada en el país desde 1979 y permitirá a los responsables de la seguridad obtener los poderes y capacidades necesarias para desempeñar su labor en una ‘nueva era de peligro’.

Pero para legisladores como el senador Scott Ludman, del Partido Verde, se trata de una ‘expansión siniestra, desproporcionada e innecesaria de los poderes coercitivos de vigilancia que no harán a nadie más seguro y que afectarán a las libertades por las cuales hemos luchado y ganado durante varias décadas’, según el diario Sydney Morning Herald.

En virtud de esta ley, la Organización Australiana de Seguridad e Inteligencia (ASIO, sigla en inglés) podrá con una sola orden genérica buscar y vigilar un número ilimitado de ordenadores de una determinada red, lo que abre la posibilidad a espiar todo internet.

‘ASIO tendrá acceso a todo internet y podrá vigilar la actividad de todos los australianos en cualquier momento, ya sea a través de sus cuentas de Twitter, Facebook, las páginas que visiten, las comunicaciones con otras personas, todo’, declaró a Efe el portavoz de la Alianza de Abogados de Australia, Greg Barns.

El letrado explicó que esta ley permitirá, por ejemplo, investigar a una persona sospechosa de terrorismo y a cualquiera que haya entrado en contacto con ella, y potencialmente legalizará que Australia comparta esta información con otros países.

Barns señaló que ‘Australia va por el camino de Estados Unidos, con la diferencia de que los australianos van a tener menos protección de su privacidad’, en alusión al escándalo destapado por Edward Snowden sobre el espionaje masivo de las comunicaciones de miles de ciudadanos por los servicios secretos estadounidenses.

Otra de las preocupaciones que suscitan esta nueva legislación es la posibilidad de que periodistas, funcionarios y otros profesionales afronten hasta diez años de cárcel por divulgar ‘negligentemente’ información vinculada a ‘operaciones especiales de inteligencia’.

Barns indicó que de esta forma garantizan ‘de forma grosera que personas como Julian Assange (fundador de Wikileaks) y los medios que divulguen sus noticias sean llevadas a prisión’.

El abogado apuntó que las autoridades de Australia, país que no está en guerra, han podido afrontar hasta la fecha dentro del marco legal vigente las amenazas terrorista, al referirse al operativo policial de la semana pasada que detuvo a 15 supuestos yihadistas en Sídney y Brisbane.

Otra batería de disposiciones sobre los australianos que se unen a las milicias yihadistas en el extranjero, como el Estado Islámico (EI), es evaluado en la actualidad por un comité conjunto parlamentario de Inteligencia y Seguridad, y otra ley vinculada a la metadata será abordada a finales de año.

Australia elevó en septiembre la alerta terrorista al nivel ‘alto’ ante la amenaza de atentados en medio de la ofensiva internacional contra el Estado Islámico en Siria e Irak, en la que Canberra participa con ayuda humanitaria y armas.