Hasta la facción estadista está dividida

El Tribunal Supremo lleva meses ya validando la estrategia del Gobierno de Puerto Rico de paralizar todo tipo de pleito contra el Estado bajo la justificación de que la activación de las disposiciones de quiebra bajo la ley federal PROMESA mandatan que todo pleito contra el Estado quede suspendido, sin consideración de si se trata de pleito de dinero o no.

Algunas controversias han llegado hasta ante la jueza federal Laura Taylor Swain, quien preside los procesos de la quiebra del gobierno y de instrumentalidades como la Autoridad de Energía Electrica (AEE). La jueza ha accedido a algunas paralizaciones pero no a otras.

Sin embargo, el Supremo de Puerto Rico ha desplegado hasta ahora la actitud de que todo lo que el gobierno pide paralizar, se paraliza.

El 6 de diciembre de 2017 paralizaron el proceso mediante el cual los padres de estudiantes de Educación Especial reunidos en el llamado Caso Rosa Lydia Velez, buscaban reclamar individualmente por los daños y perjuicios sufridos despues de decadas de mal manejo del Estado en el tratamiento de sus hijos e hijas. En este caso no se trataba de ejecutar una sentencia monetaria que ordenara el pago de dinero por parte del Estado, sino que era el inicio de un proceso de prueba de daños que, si se completara, podría conllevar el pago de una sentencia.

Vea el caso aquí:

Además, el 1 de diciembre de 2017, paralizaron una impugnación de confiscación de un vehículo. Otra vez, no era una acción que buscaba el pago de una cantidad de dinero. Lo que se buscaba era la devolución de un vehículo que se alega el Estado confiscó ilegalemente.

Vea el caso aquí:

El más reciente caso conocido es del 2 de febrero y trata de la expropiación de unos terrenos en Juana Díaz desde el 2008 y sobre los cuales el anterior dueño, Ojo de Agua Development, reclama que la cantidad que le pagaron no es justa, con lo cual un tribunal inferior ya estuvo de acuerdo. El terreno se expropió para un supuesto complejo de vivienda.

Vea el caso aquí:

La mayoría de jueces del Supremo que han estado respaldando las paralizaciones está compuesta principalmente por los jueces que nombró el exgobernador Luis Fortuño, a excepción del juez Luis Estrella.

Todos los casos reflejan tensiones en el pleno por esta actitud de una mayoría.

En el caso del 2 de febrero, los jueces Rafael Martínez y Mildred Pabón, que han estado avalando las paralizaciones, recalcan que ‘como Puerto Rico es un territorio’ está sometido a PROMESA y el caso está paralizado ‘por ley federal y no por capricho nuestro’. ‘Rechazo toda manifestación que por reconocer esa realidad estoy renunciando a mi deber. Las cosas son como son y no como yo quisiera que fueran’, finalizaron.

Pero, en una disidente, Estrella les recordó que ‘la Rama Judicial no puede echarse para atrás para ser un mero espectador y simplemente asentir a que el Congreso federal haga como le plazca’. ‘Si esa hubiere sido la actitud de jueces vanguardistas, otra sería la realidad actual de sectores vulnerables y discriminados históricamente bajo la nefasta epoca de la esclavitud, la segregación racial y la desigualdad de la mujer, entre otros males sociales’.

‘Precisamente por nuestra condición territorial y por la ausencia de poder igualitario ante el Congreso de los Estados Unidos, tanto la Rama Judicial local como la federal tienen el deber ministerial de ejercer su poder concurrente para adjudicar y salvaguardar los derechos constitucionales de un Pueblo que no tuvo participación en la aprobación de (PROMESA)’, argumentó.

A la vez, les recordó que el caso puede tener otra solución que no es la paralización porque la propia jueza Swain ha establecido que pueden haber circunstancias en las que se levante la paralización y que la consideración se puede dar caso a caso.

‘Aquí el Estado expropió y despojó a alguien de su propiedad y no puede utilizar el Código Federal de Quiebras como subterfugio para no pagar’, dijeron por su parte los tambien disidentes jueza presidenta Maite Oronoz y juez asociado Ángel Colón.