El Tribunal Federal detuvo tres demandas contra distintas movidas fiscales del Gobierno de Puerto Rico basándose en que son el tipo de controversia para la que se creó la Ley federal de Gerencia, Supervisión y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en ingles) y su moratoria de pleitos hasta febrero de 2017.

El juez Francisco Besosa, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que las demandas puedan proseguir si se le argumenta una razón apropiada bajo una sección de la Ley PROMESA que le da facultad a los tribunales de hacer excepciones en la moratoria.

Esas causas se discutiría en una vista a celebrarse en la semana del 17 de septiembre.

De esta manera se resuelve el primer reto presentado en los tribunales contra la aplicación de la moratoria que la ley federal dicta hasta el 15 de febrero de 2017.

La decisión emitida el lunes en la tarde cubre los pleitos de un grupo de bonistas encabezado por Dionisio Trigo, de algunos bonistas institucionales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y de un grupo de aseguradoras de bonos del Gobierno de Puerto Rico. Cubre también el pleito en el que intervinieron los municipios de San Juan, Ponce y Carolina para proteger los fondos de los municipios en el BGF.

En su decisión, el juez también afirmó que la ley federal no violenta la Constitución de los Estados Unidos y la capacidad de revisión del Poder Judicial porque, según Besosa, la ley permite la acción judicial, como precisamente se dispone a hacer el magistrado con su vista de septiembre para escuchar a las partes sobre si la moratoria les debe aplicar o no.

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