La Junta de Control Fiscal (JCA), creada bajo la Ley PROMESA y cuyos integrantes fueron nombrados por el presidente Barack Obama apenas esta semana, ya tiene una cuenta operacional a la cual el Gobierno de Puerto Rico ya le ha transferido unos $6 millones.

Así lo confirmó el secretario de Hacienda, Juan Zaragoza, quien precisó que la suma corresponde a $2 millones mensuales que el gobierno le separó a la Junta para operaciones multiplicado por los tres meses operacionales (junio, julio y agosto) que hay desde que la ley federal fue firmada hasta ahora.

La Ley PROMESA obliga a que Puerto Rico sufrague la operación de la JCF con sus propios, y precarios, fondos en un ejercicio que, según un cálculo congresional, puede alcanzar los $62 millones anuales.

De hecho, los $2 millones que Hacienda ha transferido son un estimado en lo que la Junta comienza a operar y somete su presupuesto formal, por lo que la necesidad de fondos podría ser mayor.

Según está hecha la ley, la JCF se constituye como si fuera una agencia más del Gobierno de Puerto Rico pero no está para nada sometida al control del gobierno.

Debido a que la ley mandata que las agencias del gobierno federal concedan espacio y personal a la JCF para su operación, se estima que la mayoría del presupuesto del organismo será para consultores, personal técnico, el Director Ejecutivo, el Coordinador de Revitalización y otro personal profesional de apoyo a la Junta.

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