Justo el día en que Puerto Rico sufría el peor apagón electrico en al menos 30 años, y un día antes de la vista pautada para hoy, jueves, en la que se comenzará a argumentar si la Ley PROMESA debe paralizar los reclamos de cobro de algunos grupos de bonistas, el gobierno de los Estados Unidos intervino en el caso para urgir que el tribunal mantenga paralizados los pleitos hasta que la recien nombrada Junta de Control Fiscal (JCF) pueda comenzar a operar y posiblemente intervenir en estas demandas.

La exhortación está contenida en una intervención especial del Departamento de Justicia federal sometida ayer en los casos consolidados con los que el juez federal Francisco Besosa podría decidir si aplica o no la paralización automática de pleitos contra el gobierno de Puerto Rico que dispone la Ley PROMESA con la que el Congreso pretende atender la quiebra del gobierno.

Se trata también de la primera vez que el gobierno federal se expresa sobre la Ley PROMESA en un documento judicial después de que el proyecto se convirtiera en ley el 30 de junio pasado. A pesar de que uno de sus puntos principales es pedir al tribunal que espere a que la JCF comience a trabajar, el documento no ofrece ni un atisbo de cuándo podría suceder eso, dejando el escenario tupido de rumores y de declaraciones de fuentes interesadas sobre qué pasa o qué no pasa con la Junta en estos días.

‘Consistente con el propósito de PROMESA, los Estados Unidos urge al tribunal a que, ausente un daño irreparable, posponga la concesión de remedio alguno de la paralización automática (de los pleitos) hasta que la Junta, creada para atender la crisis fiscal de Puerto Rico, esté completamente operacional y en posición de determinar si va a intervenir en estos casos’, indica de entrada el documento.

‘Los Estados Unidos tienen el fuerte interés de asegurarse de que el propósito estatutario de PROMESA, atajar la picada en espiral de la condición económica y fiscal de Puerto Rico, no sea viciada con una aplicación amplia de la disposición de la ley sobre ‘causa», añaden en referencia a la disposición de la ley que le permite a un tribunal determinar si en un caso particular hay ‘causa’ para levantar la paralización automática de pleitos que contiene el estatuto y que dura hasta febrero de 2017.

Pero, argumentan que ‘excepciones a la paralización automática, en esta coyuntura, puede frustrar las intenciones del Congreso al diseñar PROMESA’. ‘Por tanto, los Estados Unidos urge a que el tribunal construya la aplicación de la disposición de ‘causa’ de la manera más estrecha posible’, dijeron al recalcar que lo que se entiende como ‘causa’ en un caso regular de quiebras es menos de lo que se debe entender por ‘causa’ en estos casos ‘extraordinarios’.

Específicamente, en la determinación de ‘causa’ se le pide al tribunal que ‘considere el impacto de su decisión en los 3.5 millones de americanos que viven en Puerto Rico y a los que PROMESA pretende beneficiar en última instancia’ porque ‘si los ingresos (del gobierno) se desvían de los servicios esenciales de salud, seguridad y bienestar de los habitantes de Puerto Rico para pagar el servicio de deuda, el costo humano de dicha decisión puede ser significativo’.

También, le recuerdan al juez el ‘efecto cascada’ que puede tener el que se permita a un grupo de bonistas demandar porque existen otros grupos que buscarían el mismo beneficio’ y que la ley tiene otros mecanismos para asegurar que las reclamaciones de los bonistas puedan ser atendidas en su momento, sea mediante la revocación de transferencias ilegales, y el pago de intereses durante la paralización.

Sobre la Junta, indicaron que ese cuerpo puede revocar las acciones ejecutivas que los demandantes están impugnando y pueden excluir de la aplicación de la ley a la deuda de ciertas dependencias. Esto abona, según el Departamento de Justicia federal, a que se espere a que la Junta esté operacional y pueda intervenir oficialmente en casos como el de los bonistas demandantes.

Los pleitos consolidados que el juez Besosa comenzará a considerar hoy son los encabezados por Brigade Leveraged Structures Fund, National Public Finance Guarantee Corporation, el inversionista Dionisio Trigo González, y US Bank Trust National Association.

Moción de los Estados Unidos en los casos de PROMESA – NotiCel_21030