La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió hoy, jueves, a la Policía de Puerto Rico que ante ‘la inminente ola de protestas, es el deber del Superintendente de la Policía, Jose Caldero, y de la Oficina de la Reforma de la Policía de Puerto Rico orientar a todos los oficiales, especialmente a aquellos a ser activados en eventos multitudinarios, sobre los protocolos aprobados para atender estas situaciones, y asegurarse que los oficiales de campo y los supervisores esten debida entrenados para llevar a cabo prácticas policiales de forma constitucional’.

Organizaciones civiles y sindicales han convocado a protestar la primera reunión de la Junta de Control Fiscal en Puerto Rico mañana, viernes, en el hotel Conquistador en Fajardo. La tercera reunión del organismo fue criticada, además, porque solo se permitirá acceso mediante invitación, lo que contradice lo expresado por la ley, la cual indica que las mismas deben ser públicas.

El llamado de la ACLU a la Uniformada surgió a raíz de una publicación digital de la Revista de la Policía de Puerto Rico en la que se promueve el arresto de manifestantes por supuesta alteración a la paz en contra los agentes en eventos de protesta. Para la organización, ‘El tono y la manera en que se plantea el asunto se presta a crear confusión entre los miembros de la Uniformada en cuanto al alcance de sus funciones y prerrogativas para arrestar a las personas durante manifestaciones, provoca que de entrada se genere dentro de la Policía una actitud hostil en contra de los manifestantes aún cuando estén ejerciendo actividades protegidas, milita en contra de la función inherente de los policías de proteger los derechos fundamentales de todas las personas, cita fuentes de derecho de forma inapropiada y fuera de contexto, y además va en contra de los procedimientos y protocolos elaborados por la Oficina de la Reforma para atender eventos multitudinarios’.

‘Meros insultos, faltas de respeto, improperios y provocaciones sin más, no son suficientes para que una persona sea arrestada. Solamente se justifica el arresto de una persona en una protesta cuando existen motivos fundados de que esa persona en particular en realidad cometió una infracción a la ley, y que la decisión de arrestar no esté vinculada a la intención de acallar la manifestación’, agregó la ACLU a la vez que exhortó a la Policía a realizar las gestiones educativas necesarias y aclarar la función de ese cuerpo durante manifestaciones protegidas por la Constitución del país y la de Estados Unidos.

‘Es importante, además, tener en mente que en términos generales pueden darse expresiones que aunque ofendan la sensibilidad de alguna persona u oficial, siguen siendo expresiones protegidas por la Constitución, y cuya censura y represión representan una violación de derechos fundamentales. Así que invitar de forma preventiva a los oficiales de la Policía a que hagan arrestos en manifestaciones por supuesta alteración a la paz es una invitación innecesaria a la censura, la hostilidad entre las partes y la violencia. A tenor con los principios que rigen la Reforma, además de mantener la seguridad pública, es el deber de la Policía proteger, fomentar, adelantar y facilitar el ejercicio de derechos fundamentales’, concluye la ACLU en comunicado de prensa.