Los seis meses perdidos desde la aprobación de PROMESA en junio pasado son más que una justificación para que la Junta de Control Fiscal (JCF) utilice los poderes que le confiere la legislación federal y cabildee para que el Congreso extienda la moratoria hasta finales de este año.

El representante del gobernador ante la JCF, Elías Sánchez informó que solicitará por escrito la petición ya que el factor tiempo ha operado en contra de lo que a su juicio es el propósito e intención de PROMESA que era darle espacio al gobierno para renegociar de buena fe los términos de los pagos de la deuda con los acreedores.

Originalmente la legislación disponía una moratoria hasta febrero a las demandas de cobro de parte de los acreedores del gobierno. La JCF la extendió hasta el primero de mayo a petición del gobierno. Una nueva extensión solo sería posible mediante enmiendas a PROMESA.

‘Aquí tenemos la costumbre de despachar los asuntos sin intentarlo… La Junta tiene el poder de hacer recomendaciones al Congreso. Queremos cumplir con la intención de la ley ya que se perdieron los primeros seis meses. Se perdieron no se hizo nada’, insistió Sánchez al ser cuestionado sobre la posibilidad de que el Congreso enmienda PROMESA.

El representante del gobernador ante la JCF cuestionó que desde la aprobación en verano pasado han transcurrido seis meses sin que se haya podido adelantar mucho ya que no fue hasta septiembre que se constituyó la JCF y no ocurrió absolutamente nada hasta finales del pasado año.

‘Por razón de cómo ha arrancado a trabajar la junta derrota el propósito e intención de la Ley PROMESA. El proceso está arrancando ahora’, explicó Sánchez.

Añadió además que la legislación congresional faculta la junta que una vez certifique los planes fiscales, pueda hacer peticiones al Congreso y a Casa Blanca sobre enmiendas que entiendan sean necesarias para poder llevar a cabo su función.

‘En enero es que comienza el proceso real cuando entra esta administración. Por espacio de seis meses se perdió la ventana de oportunidad que proveía esa moratoria para poder realizar el objetivo fundamental de PROMESA que es llevar a cabo negociaciones consensuales bajo el título VI’, dijo Sánchez.

Hasta ahora ha funcionado la moratoria que se ha establecido por PROMESA. Los casos que estan pendientes en los tribunales (Besosa) no son acciones de cobro contra el estado.

El gobierno solicito extender la moratoria hasta diciembre de este año y poder renegociar los términos con los acreedores. Sánchez insistió en que es necesaria esta protección ya que el gobierno arrastra impagos que de ser exigidos en un tribunal no se tiene la capacidad de desembolsarlos.

Sánchez también reveló que el gobierno se propone tener al día los estados financieros auditados para poder tener datos.

Sobre el pago a la deuda, la administración proyecta separar $1,200 millones para el año fiscal 2019. Hasta esa fecha se mantiene lo que se conoce como ‘intención de pagar’ a sus acreedores, que significa que pagará lo que pueda en la medida en que se identifiquen fondos disponibles.

‘Ya comenzamos con el ‘clawback’ y todo lo que esté disponible lo vamos a estar remitiendo para la posibilidad de pago’, anticipó.